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Manuel Diez Diez

“La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha decidido este martes enviar una carta a la Generalitat de Cataluña para preguntar sobre la presunta discriminación lingüística a los castellanohablantes en los centros educativos de la región, a raíz de una queja presentada por la Asamblea por una Escuela Bilingüe. (24-4-18)”

Como vemos llueve sobre mojado, sin que los gobiernos españoles hayan querido poner el paraguas. Desde 2015 hay sentencias tanto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña como del Tribunal Supremo de que, en aras al equilibrio lingüístico, al menos el 25 % de las clases tienen que ser impartidas en castellano. A ver si desde Europa hacen entrar en razón al Gobierno español, se consigue que se cumplan las sentencias y colateralmente se corrige otra injusticia, que no es otra que la vulneración del principio constitucional de IGUALDAD, en el acceso a la función pública docente, al establecer como requisito el idioma cooficial de la región convocante del proceso selectivo.

Si una plaza se ha obtenido con una concurrencia 1/5,

no se puede equiparar en el futuro a la obtenida

en el mismo proceso con una concurrencia 1/25

El artículo 23.2 de nuestra Constitución dice: “Asimismo, tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes.”

El Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en su artículo 55 relativo al acceso al empleo público dice: “Todos los ciudadanos tienen derecho al acceso al empleo público de acuerdo con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, y de acuerdo con lo previsto en el presente Estatuto y en el resto del ordenamiento jurídico”. Trasladado al empleo docente, nos regimos por el Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, que dentro de sus principios rectores nos vuelve a decir en su artículo 2: “Todos los procedimientos regulados en este Reglamento se realizarán mediante convocatoria pública y en ellos se garantizarán, en todo caso, los principios de igualdad, mérito y capacidad, así como el de publicidad”.

El Real Decreto es de aplicación en toda España, al ser norma básica, y conforme al mismo se hacen las convocatorias de ingreso, acceso y adquisición de nuevas especialidades que hacen las distintas administraciones educativas, al estar trasferidas las competencias en materia educativa. El baremo de méritos regulado en la norma estatal es igual para todas las administraciones, con un pequeño margen de competencia autonómica de dos puntos, sobre diez, en el apartado de otros méritos. De igual forma, el desarrollo de las pruebas está sujeto a los mismos temarios y con un estrecho margen de variación en el proceso, dentro de unos límites básicos.

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