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Los vaivenes de la educación

 Esteban Serrano Tamayo

 

Como muchos se temían y ya vaticinaron en su momento, el Pacto Educativo consumó su fracaso sin llegar a ningún tipo de acuerdo. La razón fue económica, pero podía haber sido cualquier otra que enmascarara la falta de interés por sentar las bases de la ansiada y verdadera reforma educativa. De nuevo nos olvidamos de nuestros alumnos y, por ende, del futuro de nuestra sociedad.

Han pasado casi dos años desde que el Pleno del Congreso ratificara la creación de la Subcomisión encargada de buscar un Pacto de Estado Social y Político para una Ley Básica de Educación. Por aquel diciembre de 2016, un halo de esperanza se vislumbraba entre el profesorado, cansado de los vaivenes educativos a que nos sometía la clase política. Por fin, parecía que todo el mundo era consciente de la importancia de una estabilidad en el sistema educativo que impidiera la utilización de la educación con fines electoralistas. Durante sus casi dos años de existencia, unos 80 expertos expusieron sus puntos de vista sobre los aspectos que debía contemplar una nueva legislación educativa, comenzando con la comparecencia de nuestro presidente nacional, Nicolás Fernández Guisado.

El proyecto de ley contribuye aún más a la desvertebración

 del sistema educativo  y a las diferencias

entre comunidades autónomas

Cuando todos nos creíamos que la educación sería aparcada hasta la proximidad de las futuras elecciones, las distintas fuerzas políticas se descuelgan con diferentes y sorprendentes propuestas que no pusieron encima de la mesa durante todo este largo proceso de negociación. Por desgracia, entre ellas no se encuentran las tan necesarias y reivindicadas por ANPE, ley de la profesión docente y el estatuto del profesorado.

 

Así, para derogar algunas de las medidas del Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, que afectaban gravemente a la calidad del sistema educativo y a su profesorado, el actual Gobierno presentó este pasado mes la llamada Ley de Mejora de las Condiciones para el Desempeño de la Docencia. Este proyecto de ley permite que sean las comunidades autónomas, y no el Ejecutivo central, las que determinen el número de horas de clase que debemos impartir los docentes, contribuyendo aún más a la desvertebración del sistema educativo y a las diferencias entre las comunidades autónomas ya palpables, por ejemplo, a nivel salarial a pesar de ser cuerpos funcionariales de carácter estatal. Por ello, la permanente del Consejo Escolar del Estado aprobó dos propuestas de ANPE: por un lado, que el horario máximo lectivo sea de 18 horas en Secundaria y de 23 horas en Infantil y Primaria, y por otro, que las ausencias del profesorado sean atendidas desde el primer día en este curso escolar.

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Equiparación salarial docente

Andrés Cebrián del Arco

 

Resulta difícil comparar las nóminas de los funcionarios docentes de las distintas comunidades autónomas. A pesar de ser un cuerpo estatal con idéntica regulación para el ingreso, el acceso o la movilidad en todo el Estado, las retribuciones están transferidas a las comunidades autónomas y son diferentes tanto en cuantías como en conceptos, algo que genera grandes desigualdades entre ellas.

Además de los conceptos comunes como sueldo base, complemento de destino, complemento específico y trienios, algunas comunidades incluyen complementos específicos autonómicos, por formación permanente, tutoría, coordinación de nivel o ciclo, jefatura de departamento, residencia, peligrosidad, maestros en IES, carrera profesional retribuida, etc. Así como complementos por ejercer cargos directivos, que son retribuidos de manera desigual según la comunidad en la que se ejerzan, aunque los centros sean de idénticas características.

Los docentes madrileños son los peor pagados

de todo el territorio nacional

No obstante, se haga la comparación como se haga, la conclusión es siempre la misma: los docentes madrileños son los peor pagados de todo el territorio nacional, con una pérdida retributiva media en torno a los 2.130 € anuales en Primaria y 2.600 € en Secundaria respecto al resto de comunidades y ciudades autónomas.

Por poner un ejemplo, si un profesor en un instituto de Madrid tiene un sueldo bruto mensual de 2.444 €, otro, con las mismas funciones, mismo horario y misma antigüedad, cobra 2.616 € en Castilla-La Mancha, 2.633 € en Cantabria o 2.924 € en el País Vasco. De la misma manera, un maestro que cobra en un colegio madrileño 2.163 € percibiría, en las mismas condiciones, 2.335 € en Castilla-La Mancha, 2.346 € en Cantabria o 2.533 € en el País Vasco.

Teniendo en cuenta la mayoría de las variables que afectan a los salarios de los docentes en las distintas comunidades y partiendo del supuesto de quince años de servicios prestados, las siguientes tablas recogen las diferencias salariales anuales medias entre los docentes madrileños y el resto del Estado, y una comparativa de la diferencia salarial anual de un docente madrileño con los de otras Comunidades Autónomas:

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Escuelas Oficiales de Idiomas

Carolina

Carolina Fernández del Pino Vidal

 

ANPE-Madrid ha dirigido una carta a la Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial pidiendo que se convoque lo antes posible una mesa técnica para negociar la normativa que desarrolle el Real Decreto 1041/2017 del Ministerio de Educa­ción,  Cultura y Deporte, y que regulará las enseñanzas de idiomas en la Comunidad de Madrid modificando el sistema actual.

También consideramos que es imprescindible que se negocien las Instrucciones de principio de curso para estas enseñanzas.

Las Escuelas de Idiomas garantizan una calidad de enseñanza

que difícilmente puede encontrarse en otras instituciones

El Decreto autonómico debería haberse publicado ya, pero la situación política actual de la Comu­nidad parece haberlo relegado a una lista de espera sine die. Sin embargo, el curso escolar no entiende de prioridades políticas y es posible que empecemos el nuevo curso con Instrucciones basadas en este Decreto no publicado.

Las Escuelas Oficiales de Idiomas se enfrentan a un periodo de matriculación con grandes dudas en cuanto a oferta de grupos, niveles y la duración de los niveles A1 y A2.

 

 

Los recortes que tanto han afectado a todas las enseñanzas deberían revertirse ya, especialmente si tenemos en cuenta la recuperación económica. La implantación prevista de nuevas modalidades, como la formación en línea, requiere una inversión adicional para la modernización de instalaciones y equipos. Pero también para la formación del profesorado.

La carga horaria que padecen los docentes debe reducirse. ANPE-Madrid exige que todos los profesores de Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial vuelvan a tener 18 horas lectivas. Además, hay que tener en cuenta que los profesionales de las EEOOII afrontan estos cambios con ratios demasiado elevadas para alcanzar los objetivos comunicativos de los distintos niveles.

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Vuelta al pasado

Manolo

Manuel Diez Diez

 

A  simple vista parece que con este título esté demandando retroceso y, por lo tanto, inoportuno en el plano sindical. Voy a intentar explicar que es lo contrario. Recuperar.

La verdad es que a la hora de recuperar, antes que planteamientos de tipo sindical, los acontecimientos políticos hacen que mi deseo en primer lugar sea la urgencia de recobrar el pasado constitucional de estabilidad democrática, debiendo ser objetivo prioritario para el Estado lograrlo y, a la vez, corregir los errores continuados del pasado, que por dejadez, desde el mal uso de la educación han contribuido a llegar a la situación actual. Una vez más recuerdo que más que nunca hace falta el ansiado “Pacto de Estado” cuyo principal objetivo sea concebir la educación como formación y no adoctrinamiento.

Más que nunca hace falta

el ansiado “Pacto de Estado”

En febrero de 2014 en la revista de ANPE escribía el artículo titulado “¿Para cuándo la vuelta a la normalidad?” y argumentaba lo que significaba para mí la vuelta a la normalidad, que no era otra cosa que recuperar lo que se nos había arrebatado. Hoy, cuatro años después, la recuperación parece que solo aflora en las campañas electorales y que luego lentamente se va poniendo en práctica.Dicho todo esto y a pesar de la grave coyuntura política, no es excusa para enrocarse en ella y no avanzar en la “vuelta al pasado” en derechos que tantos años nos costó alcanzar, y que por efectos de la crisis nos hicieron retroceder y estancarnos en ese retroceso.

 

 

Es verdad que en algunas comunidades autónomas se han firmados acuerdos sectoriales importantes, como en Canarias o Madrid, ¡aunque en esta última parece que cuesta ponerlo en marcha! pero la tónica general es de inmovilismo.

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Nuevo equipo, mismos objetivos

Andrés Cebrián del Arco

 

Con la celebración el pasado 3 de marzo del XXIV Consejo Sindical, en el que se eligieron los órganos de gobierno que regirán el sindicato los próximos cuatro años, se inicia una nueva etapa en ANPE-Madrid. Nuevo presidente, nuevo Secretariado, nuevo Comité Ejecutivo, pero el mismo objetivo de siempre: trabajar con seriedad, honestidad y coherencia para dar servicio y defender los derechos y las condiciones laborales del profesorado de la Comunidad de Madrid, así como una Enseñanza Pública de calidad.

Para ello contamos con una amplia cartera de servicios: el Defensor del Profesor, seña de identidad de ANPE-Madrid; una Asesoría Jurídica seria, profesional, que no engaña a nadie y día a día se va ganando el reconocimiento del colectivo; una amplia oferta formativa útil y de calidad; innumerables visitas a los centros; atención personal, telefónica y telemática a afiliados y al profesorado en general. Sin olvidar el importante y destacado papel de nuestros representantes en las Mesas de Negociación, llevando la voz de los afiliados y las reivindicaciones legítimas del profesorado en general.

 

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Todo esto nos ha convertido en un referente como sindicato independiente, profesional y exclusivo de docentes de la Enseñanza Pública.

Pero queda mucho trabajo por hacer. Venimos de tiempos duros, años de crisis, recortes, pérdida de poder adquisitivo y escasa o nula negociación. Afortunadamente parece que eso está cambiando y nos encontramos frente a un panorama más halagüeño.

El nuevo Acuerdo Sectorial supone

un claro reconocimiento a la labor docente

El 9 de enero firmamos el Acuerdo Sectorial. Que su contenido y aplicación suponen un avance en las condiciones sociolaborales del profesorado madrileño es innegable, basta con leer su articulado: incremento retributivo, días de libre disposición, nuevos permisos para la conciliación de la vida familiar y laboral, etc.

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Una nueva etapa

Francisco Melcón Beltrán

 

Desde el año 2009, en que comenzó la crisis económica, la enseñanza pública y su profesorado han sufrido una espiral creciente de recortes que sitúa a la profesión docente, en este periodo, entre las más castigadas por los efectos provocados.

Ello se ha traducido en una política de reducción de las plantillas en la enseñanza pública, en la precarización de sus condiciones laborales, sociales y retributivas, y en una notable disminución de la inversión educativa.

Tras una etapa aciaga para el diálogo y la negociación en la educación madrileña, al comienzo de la actual legislatura, con el cambio de titular en la consejería, ANPE iniciaba una campaña en la que ha venido reclamando ininterrumpidamente la necesidad de mejorar las condiciones de trabajo de los docentes madrileños.

Ahora comenzamos a recoger los frutos de más de dos años de intensa labor y dificultades de todo tipo. El pasado día 9 de enero ANPE-Madrid y el resto de las organizaciones sindicales de la Mesa Sectorial de Educación firmaron con la presidenta regional, Dña. Cristina Cifuentes, el Acuerdo de la Mesa Sectorial de Personal Docente no Universitario de la Comunidad de Madrid para la mejora de las condiciones de trabajo de los funcionarios docentes, un Acuerdo Sectorial que recoge, en parte, las reivindicaciones demandadas por ANPE y el profesorado madrileño en los últimos años y representa un punto de inflexión y un primer paso en la recuperación de los derechos perdidos.

 

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Esta firma supone el fin de la parálisis y la sequía negociadora anterior, y el arranque de una nueva etapa donde será posible avanzar en la consolidación de los aspectos que contiene y en otros nuevos, gracias a que por fin se ha instalado en la educación madrileña una dinámica negociadora y de entendimiento a través de la Mesa Sectorial, certificada con este acuerdo, y donde ANPE es y será, como sindicato independiente, un elemento clave en la defensa de los intereses del profesorado y de la educación pública.

Este acuerdo afecta al personal docente no universitario al servicio de la Comunidad de Madrid y estará en vigor hasta 2021. Ahora hay que seguir trabajando en la Comisión de Seguimiento del Acuerdo, cuya reunión hemos pedido al día siguiente de la firma para abordar y concretar, con carácter de urgencia la plena aplicación de todos los puntos que contiene.

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Acuerdo Sectorial, Acuerdo Educativo: cuestión de prioridades

Francisco Melcón Beltrán

 

Si antes de que finalice el curso escolar no se ha firmado el insoslayable Acuerdo Sectorial para el profesorado de la enseñanza pública madrileña, tendremos que lamentar el tiempo y el esfuerzo dedicados, y achacarlo a la falta de voluntad política de un Gobierno regional que no habrá sabido ver su trascendencia y conveniencia como condición sine qua non para alcanzar el consenso en otros temas relevantes (Acuerdo Educativo y calendario escolar) para la educación madrileña.

Haber planteado al comienzo de la legislatura en el orden educativo como una prioridad la necesidad de un Acuerdo Educativo en la Comunidad de Madrid, cuando los escolares de esta región se sitúan en los puestos de cabeza en los informes TIMSS y PISA, a la altura de Finlandia y por encima de países como Alemania, Reino Unido, Austria o Francia y como una de las comunidades punteras dentro del mapa nacional, resulta chocante y puede interpretarse como un intento de conseguir la paz educativa en los próximos cuatro años.

A pesar de las concesiones que se hacen a algunos sectores políticos y educativos en el último borrador conocido del Acuerdo Educativo –que incorpora buena parte de su discurso neologsiano– y de los guiños y el protagonismo formal que les son otorgados en el Consejo Escolar y en la propia Consejería, vemos difícil conseguir ese acuerdo, pues estos no van a dar oxígeno al Gobierno regional en la coyuntura actual firmándolo, salvo que se asuman incondicionalmente su filosofía y modelo educativo.

Pensar lo contrario entra dentro de lo posible, pero probablemente se quede en la esfera de los buenos deseos.

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¿Son posibles los acuerdos educativos?

Francisco Melcón Beltrán

 

La educación española y madrileña se encuentra en la encrucijada, tras el acuerdo adoptado en el Congreso para derogar la LOMCE. Su futuro es incierto hasta que se promulgue una nueva ley educativa –la enésima– que sería deseable fuese fruto del consenso y no se haga de espaldas al profesorado. Previamente debería materializarse un “Pacto de Estado por la Educación” donde se acuerde el modelo y la estructura del sistema educativo y el rumbo que se quiere dar a la educación española. Una empresa ardua que requiere un diagnóstico previo, sobre el que ya es difícil el acuerdo, y cesiones muy significativas por parte de todos.

La educación es un ámbito donde se libra desde hace años una batalla política e ideológica de gran trascendencia para el futuro del país, en un continuo y sesgado debate, del que algunos participan con las mejores intenciones. Desde hace tiempo, las formaciones políticas y los agentes educativos saben de su importancia para la configuración de nuevas realidades sociales y territoriales. En este momento de debilidad de las instituciones y también de las convicciones, hay sectores que vislumbran claramente la ocasión de lograr un nuevo modelo educativo que sirva para acelerar el cambio de modelo social y político que persiguen. Para ello es preciso, a través de la crítica exacerbada, el radicalismo de algunas propuestas y el adoctrinamiento, remover los cimientos más sólidos de la educación y desestabilizar la esencia y los pilares básicos de cualquier sistema educativo, entre los que se encuentran el profesorado y el propio papel de la escuela.

Por ello plantean la necesidad de una nueva educación que “democratice” la escuela –colocando en el mismo plano a alumnos, padres y profesores– y un “nuevo” profesor, que tenga menos relevancia y protagonismo en el proceso educativo, con limitada autoridad y atributos profesionales, para “la sociedad del siglo XXI” (un eufemismo de esa utopía que predican algunos). Otros, para quienes la educación también debiera ser la piedra angular del bienestar y del progreso social, demuestran una actitud claudicante en las cuestiones educativas, cuya importancia relativizan considerándolas susceptibles de cambalaches políticos.

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De adanistas y retablos

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Rosalía Aller Maisonnave

 

El término “adanismo” se ha puesto de moda, pero no por un incremento de la lectura generalizado –ya quisiéramos– ni por un particular interés en el texto genesíaco. La consulta al diccionario académico nos enseña que es el “hábito de comenzar una actividad cualquiera como si nadie la hubiera ejercitado anteriormente”. Perfectamente adecuado, entonces, a la situación actual, donde una élite de “expertos” pretende mostrar el camino a los profesionales de la educación, las autoridades y la sociedad entera.

Al parecer, haberse formado para enseñar –así de sencillo– y haberlo hecho durante años o incluso décadas no habilita para opinar teóricamente sobre el tema. Y mucho menos para, con una mirada retrospectiva, valorar la evolución del panorama educativo de la etapa post­constitucional y su situación actual, deslindar sus “fortalezas y debilidades” –como gustan decir los hacedores de proyectos– y proponer qué es razonable y conveniente mantener y qué cambios se han de introducir para alcanzar un modelo educativo determinado.

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Derechos, deberes y felicidad

RARosalía Aller Maisonnave

 

Vivir en un Estado de Derecho es un privilegio que no siempre valoramos en su justa medida. Bastan unos minutos de telediario para constatar que la mayor parte de la humanidad soporta la constante conculcación de sus derechos. Sin embargo, la Constitución Española es su consagración en esta sociedad, y la separación de poderes, una de sus garantías. Aunque debemos admitir que ni siquiera estos recaudos legales aseguran su plenitud, y su reivindicación es tarea irrenunciable incluso en las naciones consideradas más avanzadas.

Pero los derechos tienen su contracara: los deberes. El binomio muestra, desde su propia conformación, que priorizamos los primeros, aun alterando el orden alfabético, según el cual deberíamos mencionarlos en orden inverso. Así lo hace el propio texto constitucional, que trata, en su Título Primero, De los derechos y deberes fundamentales. Y es que mientras los derechos son percibidos como un elemento positivo, solemos sentir los segundos, en todos los órdenes de la vida, como una carga.

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