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Dejación de funciones: la desigualdad como estandarte

Carolina Fernández del Pino Vidal

 

La reivindicación de equiparación salarial saltó a los medios de comunicación gracias a las demandas de los cuerpos policiales después del famoso 1 de octubre en Cataluña y puso sobre la mesa una verdad como un templo: los españoles, los funcionarios, no somos iguales ante la ley.

Si analizamos la comparativa de retribuciones

por Comunidades, queda claro que 

las diferencias no son pequeñas

Queriendo satisfacer a todos, el actual Gobierno de la nación ha anunciado que planea revertir los recortes que tanto afectaron a los docentes, pero en un principio parecía que lo iba a hacer de tal manera que cada Autonomía pudiese decidir si aplicar esta ley o no y en qué medida. Esto supondría otra dejación de funciones flagrante por parte del Estado, que ahondaría más las diferencias entre docentes de distintas Comunidades que se han ido sucediendo durante décadas y gobiernos.

Las retribuciones, el acceso, la jornada laboral, los derechos y deberes, y muchas otras cuestiones laborales de los funcionarios docentes se fijan legislativamente a nivel estatal. Sin embargo, el sistema de autonomías ha permitido que lo que en un principio debía ser una cierta flexibilidad para adaptar la legislación estatal a sus distintas realidades se haya convertido en un instrumento poderoso para que los distintos gobiernos dentro del territorio nacional, en su afán de asegurarse una clientela social y política, hayan abierto y ensanchado una brecha entre los funcionarios españoles.

Mapa político de España. Ilustrador: Antonio Ortega Moreno, licencia Creative Commonsrecursostic.educacion.es/bancoimagenes/web

 

Las desigualdades que se han ido instalando afectan al sistema de acceso, las retribuciones, la jornada lectiva, las incapacidades temporales, los permisos y licencias, la formación del profesorado, el catálogo de complementos de productividad, la posibilidad de permanecer en servicio activo, la consideración de autoridad pública y posiblemente alguna otra cuestión que aún no ha salido a la luz.

La Constitución Española, en su artículo 14 establece “la igualdad de los españoles ante la ley”, y el EBEP incluye entre los fundamentos de actuación de este Estatuto el de “igualdad, mérito y capacidad”. Sin embargo, no creo que en estos momentos se esté cumpliendo el principio de igualdad ni que el Estatuto haya logrado que los tres principios rectores de la vida profesional de los funcionarios docentes se estén respetando.

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Los vaivenes de la educación

 Esteban Serrano Tamayo

 

Como muchos se temían y ya vaticinaron en su momento, el Pacto Educativo consumó su fracaso sin llegar a ningún tipo de acuerdo. La razón fue económica, pero podía haber sido cualquier otra que enmascarara la falta de interés por sentar las bases de la ansiada y verdadera reforma educativa. De nuevo nos olvidamos de nuestros alumnos y, por ende, del futuro de nuestra sociedad.

Han pasado casi dos años desde que el Pleno del Congreso ratificara la creación de la Subcomisión encargada de buscar un Pacto de Estado Social y Político para una Ley Básica de Educación. Por aquel diciembre de 2016, un halo de esperanza se vislumbraba entre el profesorado, cansado de los vaivenes educativos a que nos sometía la clase política. Por fin, parecía que todo el mundo era consciente de la importancia de una estabilidad en el sistema educativo que impidiera la utilización de la educación con fines electoralistas. Durante sus casi dos años de existencia, unos 80 expertos expusieron sus puntos de vista sobre los aspectos que debía contemplar una nueva legislación educativa, comenzando con la comparecencia de nuestro presidente nacional, Nicolás Fernández Guisado.

El proyecto de ley contribuye aún más a la desvertebración

 del sistema educativo  y a las diferencias

entre comunidades autónomas

Cuando todos nos creíamos que la educación sería aparcada hasta la proximidad de las futuras elecciones, las distintas fuerzas políticas se descuelgan con diferentes y sorprendentes propuestas que no pusieron encima de la mesa durante todo este largo proceso de negociación. Por desgracia, entre ellas no se encuentran las tan necesarias y reivindicadas por ANPE, ley de la profesión docente y el estatuto del profesorado.

 

Así, para derogar algunas de las medidas del Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, que afectaban gravemente a la calidad del sistema educativo y a su profesorado, el actual Gobierno presentó este pasado mes la llamada Ley de Mejora de las Condiciones para el Desempeño de la Docencia. Este proyecto de ley permite que sean las comunidades autónomas, y no el Ejecutivo central, las que determinen el número de horas de clase que debemos impartir los docentes, contribuyendo aún más a la desvertebración del sistema educativo y a las diferencias entre las comunidades autónomas ya palpables, por ejemplo, a nivel salarial a pesar de ser cuerpos funcionariales de carácter estatal. Por ello, la permanente del Consejo Escolar del Estado aprobó dos propuestas de ANPE: por un lado, que el horario máximo lectivo sea de 18 horas en Secundaria y de 23 horas en Infantil y Primaria, y por otro, que las ausencias del profesorado sean atendidas desde el primer día en este curso escolar.

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Vuelta al pasado

Manolo

Manuel Diez Diez

 

A  simple vista parece que con este título esté demandando retroceso y, por lo tanto, inoportuno en el plano sindical. Voy a intentar explicar que es lo contrario. Recuperar.

La verdad es que a la hora de recuperar, antes que planteamientos de tipo sindical, los acontecimientos políticos hacen que mi deseo en primer lugar sea la urgencia de recobrar el pasado constitucional de estabilidad democrática, debiendo ser objetivo prioritario para el Estado lograrlo y, a la vez, corregir los errores continuados del pasado, que por dejadez, desde el mal uso de la educación han contribuido a llegar a la situación actual. Una vez más recuerdo que más que nunca hace falta el ansiado “Pacto de Estado” cuyo principal objetivo sea concebir la educación como formación y no adoctrinamiento.

Más que nunca hace falta

el ansiado “Pacto de Estado”

En febrero de 2014 en la revista de ANPE escribía el artículo titulado “¿Para cuándo la vuelta a la normalidad?” y argumentaba lo que significaba para mí la vuelta a la normalidad, que no era otra cosa que recuperar lo que se nos había arrebatado. Hoy, cuatro años después, la recuperación parece que solo aflora en las campañas electorales y que luego lentamente se va poniendo en práctica.Dicho todo esto y a pesar de la grave coyuntura política, no es excusa para enrocarse en ella y no avanzar en la “vuelta al pasado” en derechos que tantos años nos costó alcanzar, y que por efectos de la crisis nos hicieron retroceder y estancarnos en ese retroceso.

 

 

Es verdad que en algunas comunidades autónomas se han firmados acuerdos sectoriales importantes, como en Canarias o Madrid, ¡aunque en esta última parece que cuesta ponerlo en marcha! pero la tónica general es de inmovilismo.

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Calidad educativa versus burocracia docente

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Esteban Serrano Tamayo

 

Desde ANPE llevamos años reclamando la simplificación de las tareas burocráticas en los centros escolares por su repercusión en la calidad de la educación y en la optimización del tiempo del profesorado. Desde mi punto de vista, calidad educativa y burocracia docente son inversamente proporcionales.

Todos somos conscientes de la enorme cantidad de documentos administrativos que deben rellenar los docentes y que hemos asumido como una parte de nuestra labor educativa, tan alejada del proceso de enseñanza-aprendizaje. Si preguntamos a cualquier profesor sobre la burocratización de nuestro trabajo, rápidamente se le vendrán a la cabeza actas y más actas sobre reuniones de equipo docente, departamento, distintas comisiones, tutorías, evaluaciones, comisión de coordinación pedagógica, planes de convivencia, programaciones y unidades didácticas… y así hasta un largo etcétera que obliga al profesorado a una rendición de cuentas que imposibilita dedicar su tiempo a tareas que tendrían una incidencia directa en el alumnado.

Esta situación ya la corroboraba un estudio de ANPE-Madrid entre el profesorado de las distintas etapas educativas realizado en mayo del año 2010, donde cerca del 85 % de los docentes consideraba excesiva la burocracia en los centros de la Comunidad de Madrid y perjudicial para el ejercicio de su profesión, sin influir en una mejora de los resultados escolares y en la calidad de nuestro sistema educativo.

Con el paso de los años, esta carga de trabajo administrativo que sufren los docentes no ha disminuido, sino todo lo contrario, ha aumentado con las sucesivas leyes educativas hasta llegar a la actual Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE). Así, a la hora de programar cada área, los docentes deben sumar a los objetivos, contenidos, competencias clave y criterios de evaluación, un nuevo elemento curricular: los estándares de aprendizaje. Estos estándares determinan hasta qué punto hemos logrado o no un criterio de evaluación delimitando el grado de éxito que se ha conseguido durante el proceso de enseñanza/aprendizaje, comprobación que debe realizarse a cada alumno y a cada criterio de evaluación y que lo convierte en un proceso extenuante por la cantidad de ítems a rellenar.

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Balance de un curso que se termina

Francisco Melcón, presidente de ANPE-Madrid.

    Francisco Melcón Beltrán   presidente de ANPE-Madrid

 

En unos días diremos adiós a otro curso escolar. Un año de duro trabajo en difíciles condiciones que, además, coincide con la recta final de la presente legislatura. Creo que se impone hacer balance.

Yo soy profesor y partidario de una evaluación objetiva de los hechos, en este caso, la enseñanza pública en la Comunidad de Madrid. Para ello, he colocado en una balanza lo bueno y lo malo; lo peleado; lo conseguido y lo logrado… Lo perdido; los recortes, las políticas, los derechos del profesorado, etc. He hecho examen y mi conclusión no podría ser más desalentadora: la situación educativa no mejora.

Y no es porque la enseñanza pública madrileña tenga unos malos mimbres. ¡No! Los cimientos, que son su profesorado, son fuertes, pero los ladrillos que deben darle forma y apuntalar su crecimiento están debilitándose. La falta de un mínimo contenido negociador en la Mesa Sectorial –reducida a un papel testimonial–, la ausencia de transparencia, y la falta de comunicación con los representantes del profesorado siguen siendo la tónica dominante. Los canales de comunicación con los agentes sociales han sido dinamitados por la Consejería de Educación y cada vez se hace más difícil, sino imposible, tender nuevos puentes o reconstruir los ya existentes. No hay diálogo y mucho menos consenso.

La Administración se ha enrocado en una actitud antisindical y en la toma de decisiones unilaterales, con un talante que genera crispación y una forma de conducir la educación que no puede (ni debe) continuar. El debate, necesario y constructivo, sobre los temas educativos no existe ni en el Consejo Escolar ni en la Mesa Sectorial. La Consejería de Educación ha encontrado en los titulares de prensa el medio para anunciar sus medidas educativas, dejando de lado al profesorado y a sus representantes. Ha preferido provocar una suerte de debate demagógico en los medios de comunicación, lejos de miradas expertas, en su búsqueda del aplauso fácil. Y no le ha importado poner en solfa la valía del profesorado que está a su cargo, cuestionando su profesionalidad o cualificación.

El curso que termina, a un año escaso de las elecciones autonómicas, ha dejado patente la falta de interés del Gobierno regional por la enseñanza pública, más allá de proyectos estrella como el Bilingüismo o el Bachillerato de Excelencia, que a duras penas pueden maquillar el paulatino desmantelamiento de la escuela pública.

La falta de inversión; la disminución de las plantillas; la reducción de otros programas básicos; la apuesta por un modelo que no considera a la enseñanza pública el pilar fundamental del sistema educativo; el cierre paulatino de unidades de la red pública desde hace varios años, sin que disminuyan los conciertos; la idea recurrente de que el servicio educativo no debe ser prestado necesariamente por la Administración ni por funcionarios, sino que puede transferirse a la iniciativa privada, con tal de que el ciudadano esté satisfecho, nos llevan a concluir que tanto el Gobierno regional como la Consejería de Educación tienen el objetivo de avanzar hacia la privatización de la prestación del servicio educativo. Algo que ya se intentó, sin éxito, con la sanidad madrileña.

La desconsideración (por usar un término suave) hacia los docentes madrileños, sus docentes, ha evidenciado el verdadero talante y los tics de quienes dirigen la educación madrileña.

No han dudado a la hora de llamarnos vagos, privilegiados e ignorantes, señalándonos como responsables de las deficiencias del sistema educativo. Y tampoco les ha temblado el pulso a la hora de atribuirse para sí los méritos del mismo sistema que critican (y gestionan). Sólo hay que volver a leer las declaraciones del Gobierno sobre los resultados de PISA.

Defienden un concepto añejo y simplista de la educación reducido a algunos tópicos, cuando la forma de vida y las sociedades evolucionan y son cada vez más complejas. Lejos de reforzar los atributos profesionales de los docentes, el Ejecutivo parece que busca reducir sus competencias en favor de un tipo de profesor que sea un mero ejecutor de directrices metodológicas y curriculares. Unas concepciones que están alejadas de la realidad social y de la tradición educativa española de los últimos treinta y cinco años, que se perciben extemporáneas y ajenas al sentir mayoritario del profesorado y de la comunidad educativa.

He hecho balance y, si bien el profesorado de la enseñanza pública madrileña ha realizado un trabajo sobresaliente, su Consejería de Educación ha sacado el más clamoroso de los suspensos.

La enseñanza pública funciona gracias a ti

Más criterios de subjetividad con la LOMCE

Manuel Diez Diez

MECD-bn

Puerta del Ministerio de Educación (fuente: anpe-madrid.com)

La LOMCE con más pena que gloria, a mi manera de ver, va cumpliendo trámites parlamentarios. Por si fueran pocos los motivos de discordia y controversia, uno más: habrá interinos que podrán “hacerse definitivos”, amparados en “la calidad” con evaluación positiva y si la vacante no está cubierta por un funcionario de carrera podrá continuar el interino que haya tenido “la suerte” de caer en esa plaza.

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