Rosalía Ma. Aller Maisonnave, secretaria de Comunicación de ANPE-Madrid
Dos prisioneros, cómplices en la comisión de un delito leve y uno grave, incomunicados, pueden ser condenados por el primer crimen, pues hay pruebas suficientes, pero no por el segundo, por falta de ellas, si ninguno confiesa haberlo cometido. Cada uno recibe la siguiente propuesta del fiscal:
—Si ninguno de ustedes confiesa el crimen grave, ambos solo serán condenados a dos años por el leve. Si usted confiesa, convenceré al jurado de que se ha arrepentido y el peso caerá sobre su compañero. En este caso, usted solo estaría en prisión un año y él diez.
—¿Y si ambos confesásemos? —pregunta el prisionero.
—En ese caso, no se beneficiará ninguno y, como se trata de un delito grave, es probable que ambos reciban una condena mínima de ocho años.
A este dilema se encuentran abocados los prisioneros:
Existen dos posibilidades, piensa cada uno: que mi compañero confiese o no. Si lo hace, es mejor que yo también confiese; en caso contrario mi pena será de diez años de cárcel. Si él no confiesa y yo sí, podré beneficiarme de la propuesta del fiscal y en un año alcanzaré la libertad.
Como ambos concluyen, atendiendo más a su interés que al bien común, que lo mejor es confesar, los dos lo hacen, y su prisión, ocho años cada uno, es mucho más extensa que si hubiesen cooperado entre sí y ninguno de los dos hubiese confesado.
Con esta breve historia, que parece tomada de antiguas narraciones sapienciales, resume Paula Casal, en el Diccionario Crítico de Ciencias Sociales dirigido por Román Reyes (UCM), uno de los problemas que analiza la Teoría de Juegos, rama de la Elección Racional, cuyos planteamientos son recogidos en diversas disciplinas, como la Economía, la Filosofía o las Ciencias Sociales.
La situación podría darse en un grupo amplio que desee alcanzar el “bien público” mediante una acción colectiva, como una manifestación, huelga, votación, etc., cuando entran en juego los intereses o razonamientos individuales. En un proceso electoral, estos factores –legítimos, sin duda– pueden ser diversos: desinterés general por el tema (“estoy centrado en mi trabajo”), desapego o desconfianza hacia la gestión de los representantes (“no creo en ellos, no podrán cambiar nada”), motivos personales (“no deseo dedicar tiempo a esto”), delegación en los demás (“que decidan otros, habrá participación suficiente”), minusvaloración de este derecho (“no merece la pena participar”), etc.
Al razonar así, olvidamos que, como señala la autora citada, El problema es que lo individualmente racional conduce al fracaso colectivo. En síntesis, quien se abstiene ejerce un derecho, pero debilita la defensa de legítimos intereses del colectivo al que pertenece, ergo, los suyos.
Y esto lo podemos aplicar a la cuestión sindical. Tu apoyo es el sustento y la razón de ser de una organización representativa del profesorado como ANPE, porque la fuerza de la democracia radica, en buena medida, en un amplio respaldo.
La participación del profesorado es una respuesta contundente a una Administración que sistemáticamente ha menospreciado la profesionalidad y el esfuerzo de los docentes con medidas extremas e injustificadas, enmarcadas en la desorganización y aderezadas con declaraciones improcedentes, que han hecho mella en la educación madrileña y mucho costará revertir. La voz de sus representantes ha sido ignorada, en muchos casos, en mesas sectoriales meramente informativas, ajenas a su condición esencial de ámbitos para el diálogo y la negociación.
Cuando la educación sigue recibiendo duros golpes, en el marco de una situación crítica pertinaz que se niega a remitir, aunque las autoridades anuncien tiempos mejores, tu silencio no será interpretado como neutralidad, sino como expresión de complacencia.
ANPE-Madrid cuenta contigo, porque tu opinión es imprescindible para la defensa de la educación pública madrileña.
No lo dudes, ¡participa!
Si te sumas, multiplicas. Campaña contra la abstención.
