Etiqueta: enseñanza pública

Inicio de un curso intenso

Andrés Cebrián del Arco

 

El curso pasado vino marcado por la firma, en enero, de un Acuerdo Sectorial que abría el camino de la recuperación de las condiciones laborales y los derechos perdidos por los docentes madrileños durante los años de crisis, y la aplicación de un nuevo modelo de calendario escolar que incluía, como principal novedad, el adelanto de los exámenes de septiembre a junio y que, sin duda, no ha sido del agrado de muchos.

El inicio del curso ha sido, y sigue siendo,

intenso en lo sindical e interesante en lo profesional

Por su parte, el inicio del curso 2018-2019 ha sido, y sigue siendo, intenso en lo sindical e interesante en lo profesional. Son muchos los frentes abiertos en el ámbito de la Comunidad de Madrid, donde estamos negociando, en diferentes Mesas Técnicas de la Mesa Sectorial de Personal Docente no Universitario, cuestiones como:

  • Oposiciones al Cuerpo de Maestros 2019. Tasa de reposición y de estabilización.
  • Proyecto de decreto por el que se regula la ordenación y organización de la Formación Profesional en la Comunidad de Madrid.
  • Oposiciones al Cuerpo de Inspectores de Educación. Se convocarán en octubre 48 plazas, con la intención de que la primera prueba se celebre antes de Navidad y que todo el proceso selectivo esté finalizado en el mes de abril.
  • Convocatoria de Cátedras en Centros Superiores de Música y Danza.
  • Flexibilización del periodo de prácticas en caso de maternidad, bajas de larga duración por incapacidad temporal o circunstancias especiales.
  • Líneas prioritarias de formación del profesorado. Convocatoria de seminarios, proyectos de formación en centros y aulas europeas. Planes de formación de los centros de la Red de Formación del Profesorado.
  • Constitución de los Comités de Seguridad y Salud en las Direcciones de Área Territorial.
  • Constitución de la Subcomisión de Igualdad del personal funcionario docente.

 

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Desde ANPE-Madrid hemos solicitado, además, la convocatoria urgente de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo Sectorial para que la Administración informe de la distribución de los cupos adicionales, correspondientes a este curso, para atención a la diversidad, apoyos, desdobles, refuerzos, reducción de carga lectiva, etc.; y de la convocatoria de promoción a los Cuerpos de Catedráticos de Enseñanza Secundaria.

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Dejación de funciones: la desigualdad como estandarte

Carolina Fernández del Pino Vidal

 

La reivindicación de equiparación salarial saltó a los medios de comunicación gracias a las demandas de los cuerpos policiales después del famoso 1 de octubre en Cataluña y puso sobre la mesa una verdad como un templo: los españoles, los funcionarios, no somos iguales ante la ley.

Si analizamos la comparativa de retribuciones

por Comunidades, queda claro que 

las diferencias no son pequeñas

Queriendo satisfacer a todos, el actual Gobierno de la nación ha anunciado que planea revertir los recortes que tanto afectaron a los docentes, pero en un principio parecía que lo iba a hacer de tal manera que cada Autonomía pudiese decidir si aplicar esta ley o no y en qué medida. Esto supondría otra dejación de funciones flagrante por parte del Estado, que ahondaría más las diferencias entre docentes de distintas Comunidades que se han ido sucediendo durante décadas y gobiernos.

Las retribuciones, el acceso, la jornada laboral, los derechos y deberes, y muchas otras cuestiones laborales de los funcionarios docentes se fijan legislativamente a nivel estatal. Sin embargo, el sistema de autonomías ha permitido que lo que en un principio debía ser una cierta flexibilidad para adaptar la legislación estatal a sus distintas realidades se haya convertido en un instrumento poderoso para que los distintos gobiernos dentro del territorio nacional, en su afán de asegurarse una clientela social y política, hayan abierto y ensanchado una brecha entre los funcionarios españoles.

Mapa político de España. Ilustrador: Antonio Ortega Moreno, licencia Creative Commonsrecursostic.educacion.es/bancoimagenes/web

 

Las desigualdades que se han ido instalando afectan al sistema de acceso, las retribuciones, la jornada lectiva, las incapacidades temporales, los permisos y licencias, la formación del profesorado, el catálogo de complementos de productividad, la posibilidad de permanecer en servicio activo, la consideración de autoridad pública y posiblemente alguna otra cuestión que aún no ha salido a la luz.

La Constitución Española, en su artículo 14 establece “la igualdad de los españoles ante la ley”, y el EBEP incluye entre los fundamentos de actuación de este Estatuto el de “igualdad, mérito y capacidad”. Sin embargo, no creo que en estos momentos se esté cumpliendo el principio de igualdad ni que el Estatuto haya logrado que los tres principios rectores de la vida profesional de los funcionarios docentes se estén respetando.

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Los vaivenes de la educación

 Esteban Serrano Tamayo

 

Como muchos se temían y ya vaticinaron en su momento, el Pacto Educativo consumó su fracaso sin llegar a ningún tipo de acuerdo. La razón fue económica, pero podía haber sido cualquier otra que enmascarara la falta de interés por sentar las bases de la ansiada y verdadera reforma educativa. De nuevo nos olvidamos de nuestros alumnos y, por ende, del futuro de nuestra sociedad.

Han pasado casi dos años desde que el Pleno del Congreso ratificara la creación de la Subcomisión encargada de buscar un Pacto de Estado Social y Político para una Ley Básica de Educación. Por aquel diciembre de 2016, un halo de esperanza se vislumbraba entre el profesorado, cansado de los vaivenes educativos a que nos sometía la clase política. Por fin, parecía que todo el mundo era consciente de la importancia de una estabilidad en el sistema educativo que impidiera la utilización de la educación con fines electoralistas. Durante sus casi dos años de existencia, unos 80 expertos expusieron sus puntos de vista sobre los aspectos que debía contemplar una nueva legislación educativa, comenzando con la comparecencia de nuestro presidente nacional, Nicolás Fernández Guisado.

El proyecto de ley contribuye aún más a la desvertebración

 del sistema educativo  y a las diferencias

entre comunidades autónomas

Cuando todos nos creíamos que la educación sería aparcada hasta la proximidad de las futuras elecciones, las distintas fuerzas políticas se descuelgan con diferentes y sorprendentes propuestas que no pusieron encima de la mesa durante todo este largo proceso de negociación. Por desgracia, entre ellas no se encuentran las tan necesarias y reivindicadas por ANPE, ley de la profesión docente y el estatuto del profesorado.

 

Así, para derogar algunas de las medidas del Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, que afectaban gravemente a la calidad del sistema educativo y a su profesorado, el actual Gobierno presentó este pasado mes la llamada Ley de Mejora de las Condiciones para el Desempeño de la Docencia. Este proyecto de ley permite que sean las comunidades autónomas, y no el Ejecutivo central, las que determinen el número de horas de clase que debemos impartir los docentes, contribuyendo aún más a la desvertebración del sistema educativo y a las diferencias entre las comunidades autónomas ya palpables, por ejemplo, a nivel salarial a pesar de ser cuerpos funcionariales de carácter estatal. Por ello, la permanente del Consejo Escolar del Estado aprobó dos propuestas de ANPE: por un lado, que el horario máximo lectivo sea de 18 horas en Secundaria y de 23 horas en Infantil y Primaria, y por otro, que las ausencias del profesorado sean atendidas desde el primer día en este curso escolar.

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El idioma cooficial no puede ser requisito en el acceso a cuerpo estatal

Manuel Diez Diez

 

 

“La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha decidido este martes enviar una carta a la Generalitat de Cataluña para preguntar sobre la presunta discriminación lingüística a los castellanohablantes en los centros educativos de la región, a raíz de una queja presentada por la Asamblea por una Escuela Bilingüe. (24-4-18)”

Como vemos llueve sobre mojado, sin que los gobiernos españoles hayan querido poner el paraguas. Desde 2015 hay sentencias tanto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña como del Tribunal Supremo de que, en aras al equilibrio lingüístico, al menos el 25 % de las clases tienen que ser impartidas en castellano. A ver si desde Europa hacen entrar en razón al Gobierno español, se consigue que se cumplan las sentencias y colateralmente se corrige otra injusticia, que no es otra que la vulneración del principio constitucional de IGUALDAD, en el acceso a la función pública docente, al establecer como requisito el idioma cooficial de la región convocante del proceso selectivo.

Si una plaza se ha obtenido con una concurrencia 1/5,

no se puede equiparar en el futuro a la obtenida

en el mismo proceso con una concurrencia 1/25

El artículo 23.2 de nuestra Constitución dice: “Asimismo, tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes.”

El Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en su artículo 55 relativo al acceso al empleo público dice: “Todos los ciudadanos tienen derecho al acceso al empleo público de acuerdo con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, y de acuerdo con lo previsto en el presente Estatuto y en el resto del ordenamiento jurídico”. Trasladado al empleo docente, nos regimos por el Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, que dentro de sus principios rectores nos vuelve a decir en su artículo 2: “Todos los procedimientos regulados en este Reglamento se realizarán mediante convocatoria pública y en ellos se garantizarán, en todo caso, los principios de igualdad, mérito y capacidad, así como el de publicidad”.

 

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El Real Decreto es de aplicación en toda España, al ser norma básica, y conforme al mismo se hacen las convocatorias de ingreso, acceso y adquisición de nuevas especialidades que hacen las distintas administraciones educativas, al estar trasferidas las competencias en materia educativa. El baremo de méritos regulado en la norma estatal es igual para todas las administraciones, con un pequeño margen de competencia autonómica de dos puntos, sobre diez, en el apartado de otros méritos. De igual forma, el desarrollo de las pruebas está sujeto a los mismos temarios y con un estrecho margen de variación en el proceso, dentro de unos límites básicos.

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Equiparación salarial docente

Andrés Cebrián del Arco

 

Resulta difícil comparar las nóminas de los funcionarios docentes de las distintas comunidades autónomas. A pesar de ser un cuerpo estatal con idéntica regulación para el ingreso, el acceso o la movilidad en todo el Estado, las retribuciones están transferidas a las comunidades autónomas y son diferentes tanto en cuantías como en conceptos, algo que genera grandes desigualdades entre ellas.

Además de los conceptos comunes como sueldo base, complemento de destino, complemento específico y trienios, algunas comunidades incluyen complementos específicos autonómicos, por formación permanente, tutoría, coordinación de nivel o ciclo, jefatura de departamento, residencia, peligrosidad, maestros en IES, carrera profesional retribuida, etc. Así como complementos por ejercer cargos directivos, que son retribuidos de manera desigual según la comunidad en la que se ejerzan, aunque los centros sean de idénticas características.

Los docentes madrileños son los peor pagados

de todo el territorio nacional

No obstante, se haga la comparación como se haga, la conclusión es siempre la misma: los docentes madrileños son los peor pagados de todo el territorio nacional, con una pérdida retributiva media en torno a los 2.130 € anuales en Primaria y 2.600 € en Secundaria respecto al resto de comunidades y ciudades autónomas.

Por poner un ejemplo, si un profesor en un instituto de Madrid tiene un sueldo bruto mensual de 2.444 €, otro, con las mismas funciones, mismo horario y misma antigüedad, cobra 2.616 € en Castilla-La Mancha, 2.633 € en Cantabria o 2.924 € en el País Vasco. De la misma manera, un maestro que cobra en un colegio madrileño 2.163 € percibiría, en las mismas condiciones, 2.335 € en Castilla-La Mancha, 2.346 € en Cantabria o 2.533 € en el País Vasco.

Teniendo en cuenta la mayoría de las variables que afectan a los salarios de los docentes en las distintas comunidades y partiendo del supuesto de quince años de servicios prestados, las siguientes tablas recogen las diferencias salariales anuales medias entre los docentes madrileños y el resto del Estado, y una comparativa de la diferencia salarial anual de un docente madrileño con los de otras Comunidades Autónomas:

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Escuelas Oficiales de Idiomas

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Carolina Fernández del Pino Vidal

 

ANPE-Madrid ha dirigido una carta a la Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial pidiendo que se convoque lo antes posible una mesa técnica para negociar la normativa que desarrolle el Real Decreto 1041/2017 del Ministerio de Educa­ción,  Cultura y Deporte, y que regulará las enseñanzas de idiomas en la Comunidad de Madrid modificando el sistema actual.

También consideramos que es imprescindible que se negocien las Instrucciones de principio de curso para estas enseñanzas.

Las Escuelas de Idiomas garantizan una calidad de enseñanza

que difícilmente puede encontrarse en otras instituciones

El Decreto autonómico debería haberse publicado ya, pero la situación política actual de la Comu­nidad parece haberlo relegado a una lista de espera sine die. Sin embargo, el curso escolar no entiende de prioridades políticas y es posible que empecemos el nuevo curso con Instrucciones basadas en este Decreto no publicado.

Las Escuelas Oficiales de Idiomas se enfrentan a un periodo de matriculación con grandes dudas en cuanto a oferta de grupos, niveles y la duración de los niveles A1 y A2.

 

 

Los recortes que tanto han afectado a todas las enseñanzas deberían revertirse ya, especialmente si tenemos en cuenta la recuperación económica. La implantación prevista de nuevas modalidades, como la formación en línea, requiere una inversión adicional para la modernización de instalaciones y equipos. Pero también para la formación del profesorado.

La carga horaria que padecen los docentes debe reducirse. ANPE-Madrid exige que todos los profesores de Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial vuelvan a tener 18 horas lectivas. Además, hay que tener en cuenta que los profesionales de las EEOOII afrontan estos cambios con ratios demasiado elevadas para alcanzar los objetivos comunicativos de los distintos niveles.

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La formación continua del profesorado

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Esteban Serrano Tamayo

 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa establece, en su artículo 102, que la formación permanente constituye un derecho y una obligación de todo el profesorado y una responsabilidad de las Administraciones educativas y de los propios centros. Igualmente, señala que los programas de formación permanente deberán contemplar la adecuación de los conocimientos y métodos a la evolución de las ciencias y de las didácticas específicas, así como todos aquellos aspectos de coordinación, orientación, tutoría, atención educativa a la diversidad y organización encaminados a mejorar la calidad de la enseñanza y el funcionamiento de los centros incluyendo formación específica en materia de igualdad.

Dicho artículo 102 indica que las Administraciones educativas promoverán la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación y la formación en lenguas extranjeras de todo el personal docente, independientemente de su especialidad, estableciendo programas específicos de formación en este ámbito y fomentando programas de investigación e innovación. Además, el artículo 105 de la LOE indica que las Adminis­traciones educativas favorecerán el reconocimiento de la labor del profesorado, atendiendo a su especial dedicación al centro y a la implantación de planes que supongan innovación educativa por medio de los incentivos económicos y profesionales correspondientes.

Los recortes en educación

han afectado a nuestra formación

Como vemos, la actual Ley Orgánica sienta las bases de esta formación que los docentes no interrumpen
a lo largo de toda su vida profesional. La sociedad evoluciona a un ritmo vertiginoso y la educación
nunca ha querido quedarse atrás, tal y como queda recogido en el Encuentro de Consejos Escolares y
Autonómicos del Estado (2012):

“La necesidad de actualización constante convierte a la formación del profesorado en un continuo proceso a lo largo de su vida profesional. El dinamismo que vivimos en la actualidad hace que las competencias adquiridas al inicio no sean suficientes a lo largo de su vida profesional”.

Datos-Porcentaje

En nuestra comunidad autónoma, el pasado 10 de octubre se publicó el decreto que deroga la anterior orden reguladora de la formación permanente del profesorado no universitario de la Comunidad de Madrid. Entre las novedades de esta nueva normativa, se encuentran el reconocimiento de actividades de formación del Ministerio de Educación y otras administraciones educativas, la validez de titulaciones universitarias oficiales para el complemento de formación permanente, la vuelta a la correspondencia de un crédito por cada diez horas (éramos la única comunidad autónoma que continuaba con los créditos a veinticinco horas), es suficiente con la asistencia al 85% del total de horas de la fase presencial de la actividad si las horas de inasistencia están debidamente justificadas, reconocimiento de participación en actividades de innovación, programas educativos y tutorización de prácticas, en caso de insuficiencia de plazas tendrán preferencia en su asignación los docentes de la enseñanza pública o el acceso de interinos a la formación aunque no estén en servicio activo.

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Unos grandes profesionales

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Fernando Martín Ferreras

 

A  raíz de los sucesos acaecidos en un centro de Educación Especial en Getafe donde, a la espera de las decisiones judiciales, la Administración ha dictaminado que no se han producido hechos constitutivos de sanción, una parte de la sociedad y determinados medios de comunicación han determinado que los profesionales que han sido investigados son culpables. La presunción de inocencia, que es garantía en un Estado de derecho, es arrebatada y automáticamente son reos de terribles crímenes contra sus alumnos y se piden para ellos las mayores condenas posibles.

El linchamiento mediático ha sido constante. La búsqueda de testimonios que avalasen esas supuestas malas praxis ha sido incesante, pero sin embargo los padres que defendían la labor intachable que día a día se lleva a cabo en el centro han sido silenciados de manera vergonzante.

La presunción de inocencia,

que es garantía en un Estado de derecho,

es arrebatada

No interesa contar que quienes a diario sufren agresiones son los docentes y demás personal del centro. Que es raro el día en que no vuelven a sus casas con un arañazo, un moratón o un mordisco.La situación a la que están siendo sometidos los claustros de estos centros es sumamente injusta. Que su labor, ejercida más allá de lo exigible, sea denigrada por quienes desconocen la realidad es algo que no alcanzan a entender.

Ellos no se quejan. Conocen y quieren a sus alumnos, saben que sus crisis y comportamientos disruptivos son parte de sus características, que es parte de su trabajo canalizar y tratar de minimizar sus efectos y que ello conlleva, en muchos casos, recibir una patada, un puñetazo o un empujón.

 

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Si la labor de enseñar ya es por sí difícil, en este tipo de centros se convierte en una tarea a la que no todo el mundo es capaz de enfrentarse. Los que allí la ejercen lo hacen cargados de compromiso, actitud y profesionalidad. Sin esta mochila resulta imposible aguantar emocionalmente todo lo que este tipo de enseñanza conlleva.

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Vuelta al pasado

Manolo

Manuel Diez Diez

 

A  simple vista parece que con este título esté demandando retroceso y, por lo tanto, inoportuno en el plano sindical. Voy a intentar explicar que es lo contrario. Recuperar.

La verdad es que a la hora de recuperar, antes que planteamientos de tipo sindical, los acontecimientos políticos hacen que mi deseo en primer lugar sea la urgencia de recobrar el pasado constitucional de estabilidad democrática, debiendo ser objetivo prioritario para el Estado lograrlo y, a la vez, corregir los errores continuados del pasado, que por dejadez, desde el mal uso de la educación han contribuido a llegar a la situación actual. Una vez más recuerdo que más que nunca hace falta el ansiado “Pacto de Estado” cuyo principal objetivo sea concebir la educación como formación y no adoctrinamiento.

Más que nunca hace falta

el ansiado “Pacto de Estado”

En febrero de 2014 en la revista de ANPE escribía el artículo titulado “¿Para cuándo la vuelta a la normalidad?” y argumentaba lo que significaba para mí la vuelta a la normalidad, que no era otra cosa que recuperar lo que se nos había arrebatado. Hoy, cuatro años después, la recuperación parece que solo aflora en las campañas electorales y que luego lentamente se va poniendo en práctica.Dicho todo esto y a pesar de la grave coyuntura política, no es excusa para enrocarse en ella y no avanzar en la “vuelta al pasado” en derechos que tantos años nos costó alcanzar, y que por efectos de la crisis nos hicieron retroceder y estancarnos en ese retroceso.

 

 

Es verdad que en algunas comunidades autónomas se han firmados acuerdos sectoriales importantes, como en Canarias o Madrid, ¡aunque en esta última parece que cuesta ponerlo en marcha! pero la tónica general es de inmovilismo.

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A trabajo igual, igual salario

Carolina Fernández del Pino Vidal

 

Las subidas retributivas y las mejoras en cuanto a incapacidad temporal contenidas en el II Acuerdo para la Mejora del Empleo Público responden a la necesidad imperiosa de ofrecer un alivio económico a los funcionarios después de años de recortes que no solo afectaron sus retribuciones sino también sus condiciones laborales, aumentando la carga horaria e imponiendo un sistema de descuento de haberes en caso de incapacidad temporal que dio lugar a situaciones a veces esperpénticas.

En el caso de los profesores madrileños, estos recortes supusieron una pérdida de un 20 % del poder adquisitivo. El acuerdo evidentemente no compensa esta pérdida ya que contempla un incremento total, en el mejor de los casos, en torno al 8 %, pues para que se alcance esta cifra se deben cumplir los requisitos establecidos con respecto al crecimiento del PIB y el objetivo de estabilidad. En el caso de la Comunidad de Madrid la situación es aún más sangrante, porque junto con los profesores de Cataluña somos los únicos cuyo salario medio se sitúa por debajo del salario medio de su comunidad, con una brecha de aproximadamente 200 euros mensuales.

Esta diferencia salarial en relación a otros profesionales de nuestra comunidad representa solo otro “suma y sigue” más, antes incluso de añadir la diferencia salarial que sufrimos con respecto a docentes de otras comunidades, donde profesionales que desarrollan las mismas funciones y pertenecen al mismo cuerpo estatal que nosotros pueden llegar a cobrar mensualmente hasta 900 euros más.

 

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Los últimos acontecimientos que han tenido lugar en Cataluña han hecho aún más patentes, si cabe, las grietas que se han ido formando en la base misma de nuestra nación. Entre otras, la financiación autonómica, la desmembración del sistema educativo, las diferencias en cuanto a impuestos de distintos tipos, la distinta aplicación de legislación nacional, como por ejemplo el RD Ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público, que concretamente en Madrid se aplicó con vehemencia mientras que otras comunidades sortearon sus restricciones, por lo que sirvió de colofón para marcar las diferencias laborales entre los profesores de distintas comunidades.

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