Tag: Administración

A trabajo igual, igual salario

 

Carolina Fernández del Pino Vidal

 

Las subidas retributivas y las mejoras en cuanto a incapacidad temporal contenidas en el II Acuerdo para la Mejora del Empleo Público responden a la necesidad imperiosa de ofrecer un alivio económico a los funcionarios después de años de recortes que no solo afectaron sus retribuciones sino también sus condiciones laborales, aumentando la carga horaria e imponiendo un sistema de descuento de haberes en caso de incapacidad temporal que dio lugar a situaciones a veces esperpénticas.

En el caso de los profesores madrileños, estos recortes supusieron una pérdida de un 20 % del poder adquisitivo. El acuerdo evidentemente no compensa esta pérdida ya que contempla un incremento total, en el mejor de los casos, en torno al 8 %, pues para que se alcance esta cifra se deben cumplir los requisitos establecidos con respecto al crecimiento del PIB y el objetivo de estabilidad. En el caso de la Comunidad de Madrid la situación es aún más sangrante, porque junto con los profesores de Cataluña somos los únicos cuyo salario medio se sitúa por debajo del salario medio de su comunidad, con una brecha de aproximadamente 200 euros mensuales.

Esta diferencia salarial en relación a otros profesionales de nuestra comunidad representa solo otro “suma y sigue” más, antes incluso de añadir la diferencia salarial que sufrimos con respecto a docentes de otras comunidades, donde profesionales que desarrollan las mismas funciones y pertenecen al mismo cuerpo estatal que nosotros pueden llegar a cobrar mensualmente hasta 900 euros más.

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¿Para cuándo el pago de las tutorías para maestros de Educación Infantil y Primaria?

 

José Antonio Carmona Gómez

 

Nadie duda de la importancia capital que tiene la tutoría en el sistema educativo actual dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. De hecho, dentro del artículo 91 de las funciones del profesorado que expone la LOMCE encontramos que la tercera es ejercer la tutoría de los alumnos, la dirección y la orientación de su aprendizaje y el apoyo en su proceso educativo, en colaboración con las familias.

Además, dentro del Reglamento de Organización de los Centros de Educación Primaria (Reglamento Orgánico de las escuelas de Educación Primaria, título III, capítulo IV, artículos 45 y 46, RD 82/1996 de 26 de enero) se exponen que las funciones del tutor serán las siguientes:

  1. Participar en el desarrollo del Plan de acción tutorial y en las actividades de orientación, bajo la coordinación del jefe de estudios. Para ello podrán contar con la colaboración del equipo de orientación educativa y psicopedagógica.
  2. Coordinar el proceso de evaluación de los alumnos de su grupo y adoptar la decisión que proceda acerca de la promoción de los alumnos de un ciclo a otro, previa audiencia de sus padres o tutores legales.
  3. Atender las dificultades de aprendizaje de los alumnos, para proceder a la adecuación personal del currículo.
  4. Facilitar la integración de los alumnos en el grupo y fomentar su participación en las actividades del centro.
  5. Orientar y asesorar a los alumnos sobre sus posibilidades educativas.
  6. Colaborar con el equipo de orientación educativa y psicopedagógica en los términos que establezca la Jefatura de Estudios.
  7. Encauzar los problemas e inquietudes de los alumnos.
  8. Informar a los padres, maestros y alumnos del grupo de todo aquello que les concierna en relación con las actividades docentes y el rendimiento académico.
  9. Facilitar la cooperación educativa entre los maestros y los padres de los alumnos.
  10. Atender y cuidar a los alumnos en los periodos de recreo y en otras actividades no lectivas.

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Calidad educativa versus burocracia docente

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Esteban Serrano Tamayo

 

Desde ANPE llevamos años reclamando la simplificación de las tareas burocráticas en los centros escolares por su repercusión en la calidad de la educación y en la optimización del tiempo del profesorado. Desde mi punto de vista, calidad educativa y burocracia docente son inversamente proporcionales.

Todos somos conscientes de la enorme cantidad de documentos administrativos que deben rellenar los docentes y que hemos asumido como una parte de nuestra labor educativa, tan alejada del proceso de enseñanza-aprendizaje. Si preguntamos a cualquier profesor sobre la burocratización de nuestro trabajo, rápidamente se le vendrán a la cabeza actas y más actas sobre reuniones de equipo docente, departamento, distintas comisiones, tutorías, evaluaciones, comisión de coordinación pedagógica, planes de convivencia, programaciones y unidades didácticas… y así hasta un largo etcétera que obliga al profesorado a una rendición de cuentas que imposibilita dedicar su tiempo a tareas que tendrían una incidencia directa en el alumnado.

Esta situación ya la corroboraba un estudio de ANPE-Madrid entre el profesorado de las distintas etapas educativas realizado en mayo del año 2010, donde cerca del 85 % de los docentes consideraba excesiva la burocracia en los centros de la Comunidad de Madrid y perjudicial para el ejercicio de su profesión, sin influir en una mejora de los resultados escolares y en la calidad de nuestro sistema educativo.

Con el paso de los años, esta carga de trabajo administrativo que sufren los docentes no ha disminuido, sino todo lo contrario, ha aumentado con las sucesivas leyes educativas hasta llegar a la actual Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE). Así, a la hora de programar cada área, los docentes deben sumar a los objetivos, contenidos, competencias clave y criterios de evaluación, un nuevo elemento curricular: los estándares de aprendizaje. Estos estándares determinan hasta qué punto hemos logrado o no un criterio de evaluación delimitando el grado de éxito que se ha conseguido durante el proceso de enseñanza/aprendizaje, comprobación que debe realizarse a cada alumno y a cada criterio de evaluación y que lo convierte en un proceso extenuante por la cantidad de ítems a rellenar.

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Oposiciones al Cuerpo de Catedráticos de Enseñanza Secundaria

Andrés Cebrián del Arco

 

Son más de dieciséis años sin oposiciones al Cuerpo de Catedráticos de Enseñanza Secundaria en la Comunidad de Madrid. Los mismos que lleva ANPE reclamando su convocatoria. Según datos de la Consejería de Educación e Investigación (de enero de 2017), actualmente se encuentran en activo un total de 532 catedráticos, un 2.7 % de la plantilla, muy lejos del 30 % que como máximo fija la ley.

 

Se trata simplemente de responder

a las legítimas expectativas del profesorado

 

Esta situación crea gran malestar en el colectivo de profesores de Secundaria que ven cómo año tras año las Ofertas Públicas de Empleo ignoran el acceso al Cuerpo de Catedráticos, plazas que, por otra parte, no consumen tasa de reposición, impidiendo el lógico deseo de reconocimiento profesional y promoción de estos docentes. Máxime cuando no existe, al menos de momento, un modelo de carrera profesional en la función pública docente madrileña que reconozca la dedicación, el esfuerzo, la formación continua, la implicación y, en definitiva, el compromiso activo en la vida y el funcionamiento de los centros. Se trata simplemente de responder a las legítimas expectativas del profesorado, para que su trabajo a lo largo de su vida profesional sea valorado administrativa y socialmente.

 A este hecho, hay que añadir el serio agravio comparativo que sufrimos los docentes madrileños con respecto a los de otras comunidades autónomas en donde sí se han convocado procedimientos selectivos para la adquisición de la condición de catedrático. Las jubilaciones hacen que el ya de por sí menguado número de catedráticos madrileños se vaya reduciendo curso tras curso, al tiempo que van llegando, por concurso de traslados, catedráticos de otras comunidades que, con las prerrogativas que su condición les otorga, ocupan los primeros puestos en los departamentos didácticos, con lo que ello conlleva a la hora de elegir grupos, ostentar la jefatura de los mismos, etc.

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¿Para cuándo la firma del Acuerdo Sectorial?

José Antonio Carmona Gómez

 

¿Para cuándo la firma del Acuerdo de la Mesa Sectorial para la mejora de las condiciones de trabajo? Con fecha de 21 de septiembre de 2017 leo en el periódico ABC el siguiente artículo cuyo título es: “Cifuentes anunciará en la Asamblea un plan para mejorar el estatus de los docentes”. Al repasarlo me doy cuenta de que, si bien en un principio la presidenta de la Comunidad de Madrid expone en este varios aspectos de avance para el profesorado, como reforzar la autoridad del profesor (ya legislada en 2010), aumentar los convenios con universidades para la formación inicial y permanente de los docentes (como si esa fuese la razón principal del fracaso escolar de nuestra comunidad y los profesores no nos formásemos continuamente sin recibir ningún tipo de ayuda económica para ello), dedicar un premio al mérito docente, aumentar el prestigio social de la figura del profesor…, en realidad no propone ninguna medida nueva ni específica que sirva para mejorar las condiciones de trabajo de los profesores.

 

Es lógico pedir que se nos valore el esfuerzo

realizado desde hace muchos años

 

Así, si bien estas medidas ya comentadas son interesantes, en ningún momento se habla de la firma del Acuerdo de la Mesa Sectorial de personal docente no universitario de la Comunidad de Madrid para la mejora de las condiciones de trabajo de los funcionarios docentes. En este sí se establecen medidas concretas de progreso en las condiciones laborales y profesionales de nuestro colectivo, tales como: dotación de 500 cupos para la atención a la diversidad, pago del verano a los interinos que hayan trabajado en el curso 2017/18 siete meses, mejoras y ampliación de los permisos y licencias, oferta amplia de empleo público, reducción al 8 % de la tasa de interinidad, dotación de un segundo apoyo de educación infantil a los centros que tengan nueve o más unidades, incremento económico de los sexenios, cobertura de las bajas desde el primer día, reducción del profesorado en expectativa, oposiciones a cátedras…

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El Preacuerdo para un nuevo Acuerdo Sectorial anuncia mejoras para el profesorado

Francisco Melcón Beltrán

 

Tenemos que felicitarnos porque al cierre de este número las organizaciones sindicales de la Mesa Sectorial y la Consejería de Educación hayan llegado a un acuerdo previo sobre el contenido de los aspectos principales que contendrá el nuevo Acuerdo Sectorial para el profesorado de la enseñanza pública, que supondrá una mejora de las condiciones laborales y deberá estar firmado antes de finalizar el presente curso escolar.

Desde el comienzo de la actual legislatura venimos reclamando insistentemente la necesidad y conveniencia para las partes de alcanzar este deseado acuerdo, que hace justicia a las reivindicaciones del profesorado de los últimos años y supone un punto de inflexión a la larga etapa de continuos recortes sobre la enseñanza pública y las condiciones laborales del profesorado iniciados en 2009.

 

En los próximos cuatro años van a inyectarse

en el sistema 2800 nuevos profesores

 

ANPE-Madrid y el resto de organizaciones sindicales han realizado un intenso trabajo conjunto en defensa de los derechos e intereses del profesorado, que se plasma en este Preacuerdo. Valoramos positivamente los puntos básicos que contiene, tras un largo y complejo proceso negociador que aún no ha concluido, pues quedan por acordar la redacción final del texto del nuevo Acuerdo Sectorial del personal docente al servicio de la Comunidad de Madrid que sustituirá al de 2006 y tendrá una vigencia de cuatro años (2017-2020), y de algunos aspectos que habrá que negociar y desarrollar en próximas reuniones de la Mesa Sectorial para su concreción en las Instrucciones de principio del curso 2017-1018.

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Acuerdo Sectorial, Acuerdo Educativo: cuestión de prioridades

Francisco Melcón Beltrán

 

Si antes de que finalice el curso escolar no se ha firmado el insoslayable Acuerdo Sectorial para el profesorado de la enseñanza pública madrileña, tendremos que lamentar el tiempo y el esfuerzo dedicados, y achacarlo a la falta de voluntad política de un Gobierno regional que no habrá sabido ver su trascendencia y conveniencia como condición sine qua non para alcanzar el consenso en otros temas relevantes (Acuerdo Educativo y calendario escolar) para la educación madrileña.

Haber planteado al comienzo de la legislatura en el orden educativo como una prioridad la necesidad de un Acuerdo Educativo en la Comunidad de Madrid, cuando los escolares de esta región se sitúan en los puestos de cabeza en los informes TIMSS y PISA, a la altura de Finlandia y por encima de países como Alemania, Reino Unido, Austria o Francia y como una de las comunidades punteras dentro del mapa nacional, resulta chocante y puede interpretarse como un intento de conseguir la paz educativa en los próximos cuatro años.

A pesar de las concesiones que se hacen a algunos sectores políticos y educativos en el último borrador conocido del Acuerdo Educativo –que incorpora buena parte de su discurso neologsiano– y de los guiños y el protagonismo formal que les son otorgados en el Consejo Escolar y en la propia Consejería, vemos difícil conseguir ese acuerdo, pues estos no van a dar oxígeno al Gobierno regional en la coyuntura actual firmándolo, salvo que se asuman incondicionalmente su filosofía y modelo educativo.

Pensar lo contrario entra dentro de lo posible, pero probablemente se quede en la esfera de los buenos deseos.

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Si un suspenso no es un suspenso, somos boyas a la deriva

Carolina Fernández del Pino Vidal

 

Como soy hija de mis tiempos, fui educada oralmente, informada por breves resúmenes de los contenidos de los escritos de grandes pensadores, de los grandes hechos de la historia. Solo tengo trazos difusos de lo que me precede y a veces esto me deja intelectualmente indefensa ante la realidad. Por lo que ante los acontecimientos recientes y no tan recientes que están marcando mi vida adulta, decidí “ojear” un libro del que me han llegado “oralmente” perlas preciosas, ante la posibilidad de que tal vez pudiese aportar algo de luz a lo que percibo como un descenso vertiginoso hacia la mediocridad o la falta de valores humanos.

El ser humano siempre me ha fascinado por su característica y diferenciadora costumbre de esforzarse, de evolucionar, de buscar respuestas, avances, soluciones, de buscar la luna, entender el cosmos y adentrarse en el infinito. Sin embargo ahora tengo la incómoda sensación de que hemos abandonado por completo esta faceta tan exclusivamente “humana”, paralizados ante una poco fructífera discusión de cómo se reparte el pastel, hasta convertirlo en migajas sobre las cuales seguimos discutiendo mientras el inexorable paso del tiempo, como el viento, se las va llevando y deja cada vez menos que repartir.

Ortega y Gasset en la introducción de La rebelión de las masas dice que:

Definimos el lenguaje como el medio que nos sirve para manifestar nuestros pensamientos. Pero una definición, si es verídica, es irónica, implica tácitas reservas, y cuando no se la interpreta así, produce funestos resultados. Así ésta. Lo de menos es que el lenguaje sirva también para ocultar nuestros pensamientos, para mentir. La mentira sería imposible si el hablar primario y normal no fuese sincero. La moneda falsa circula sostenida por la moneda sana.

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Historia de las oposiciones

Esteban Serrano Tamayo

 

Los primeros antecedentes sobre la selección de profesorado en España los encontramos por el año 1588. En esta época, Felipe II achacaba los problemas que sufría la población a su gran ignorancia y pensaba que la solución estaba en la educación. Por ello, ideó un sistema de exámenes para seleccionar al mejor profesorado. Así, dentro de este proceso, establecía una serie de requisitos para los docentes como ir a la Corte para ser examinados, conocimientos en Doctrina Cristiana, Aritmética, Lengua castellana, etc.

El establecimiento de la Función Pública en el siglo XIX lleva pareja la regulación legal de los exámenes de acceso a través del Real Decreto de 18 de junio de 1852, bajo el Gobierno de Bravo Murillo. Esta situación no garantiza la inamovilidad en la condición de empleado público, continuando el fenómeno conocido como “cesantía” (paga que disfrutaban ciertos empleados cesantes, de acuerdo con las leyes).

La estabilidad del empleado público, una vez superada la fase de examen, solo se conseguiría con el denominado Estatuto Maura, aprobado mediante la Ley de Bases de 22 de julio de 1918. A partir de este momento, solo se perdería la condición de funcionario por motivos disciplinarios y no por los cambios de Gobierno.

La Constitución española de 1978 ratifica esta práctica mediante la posibilidad de acceso a la Función Pública cuando se acrediten los principios de igualdad, mérito y capacidad.

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¿Son posibles los acuerdos educativos?

Francisco Melcón Beltrán

 

La educación española y madrileña se encuentra en la encrucijada, tras el acuerdo adoptado en el Congreso para derogar la LOMCE. Su futuro es incierto hasta que se promulgue una nueva ley educativa –la enésima– que sería deseable fuese fruto del consenso y no se haga de espaldas al profesorado. Previamente debería materializarse un “Pacto de Estado por la Educación” donde se acuerde el modelo y la estructura del sistema educativo y el rumbo que se quiere dar a la educación española. Una empresa ardua que requiere un diagnóstico previo, sobre el que ya es difícil el acuerdo, y cesiones muy significativas por parte de todos.

La educación es un ámbito donde se libra desde hace años una batalla política e ideológica de gran trascendencia para el futuro del país, en un continuo y sesgado debate, del que algunos participan con las mejores intenciones. Desde hace tiempo, las formaciones políticas y los agentes educativos saben de su importancia para la configuración de nuevas realidades sociales y territoriales. En este momento de debilidad de las instituciones y también de las convicciones, hay sectores que vislumbran claramente la ocasión de lograr un nuevo modelo educativo que sirva para acelerar el cambio de modelo social y político que persiguen. Para ello es preciso, a través de la crítica exacerbada, el radicalismo de algunas propuestas y el adoctrinamiento, remover los cimientos más sólidos de la educación y desestabilizar la esencia y los pilares básicos de cualquier sistema educativo, entre los que se encuentran el profesorado y el propio papel de la escuela.

Por ello plantean la necesidad de una nueva educación que “democratice” la escuela –colocando en el mismo plano a alumnos, padres y profesores– y un “nuevo” profesor, que tenga menos relevancia y protagonismo en el proceso educativo, con limitada autoridad y atributos profesionales, para “la sociedad del siglo XXI” (un eufemismo de esa utopía que predican algunos). Otros, para quienes la educación también debiera ser la piedra angular del bienestar y del progreso social, demuestran una actitud claudicante en las cuestiones educativas, cuya importancia relativizan considerándolas susceptibles de cambalaches políticos.

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