Carolina Fernández del Pino Vidal
Las subidas retributivas y las mejoras en cuanto a incapacidad temporal contenidas en el II Acuerdo para la Mejora del Empleo Público responden a la necesidad imperiosa de ofrecer un alivio económico a los funcionarios después de años de recortes que no solo afectaron sus retribuciones sino también sus condiciones laborales, aumentando la carga horaria e imponiendo un sistema de descuento de haberes en caso de incapacidad temporal que dio lugar a situaciones a veces esperpénticas.
En el caso de los profesores madrileños, estos recortes supusieron una pérdida de un 20 % del poder adquisitivo. El acuerdo evidentemente no compensa esta pérdida ya que contempla un incremento total, en el mejor de los casos, en torno al 8 %, pues para que se alcance esta cifra se deben cumplir los requisitos establecidos con respecto al crecimiento del PIB y el objetivo de estabilidad. En el caso de la Comunidad de Madrid la situación es aún más sangrante, porque junto con los profesores de Cataluña somos los únicos cuyo salario medio se sitúa por debajo del salario medio de su comunidad, con una brecha de aproximadamente 200 euros mensuales.
Esta diferencia salarial en relación a otros profesionales de nuestra comunidad representa solo otro “suma y sigue” más, antes incluso de añadir la diferencia salarial que sufrimos con respecto a docentes de otras comunidades, donde profesionales que desarrollan las mismas funciones y pertenecen al mismo cuerpo estatal que nosotros pueden llegar a cobrar mensualmente hasta 900 euros más.
Los últimos acontecimientos que han tenido lugar en Cataluña han hecho aún más patentes, si cabe, las grietas que se han ido formando en la base misma de nuestra nación. Entre otras, la financiación autonómica, la desmembración del sistema educativo, las diferencias en cuanto a impuestos de distintos tipos, la distinta aplicación de legislación nacional, como por ejemplo el RD Ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público, que concretamente en Madrid se aplicó con vehemencia mientras que otras comunidades sortearon sus restricciones, por lo que sirvió de colofón para marcar las diferencias laborales entre los profesores de distintas comunidades.
Andrés Cebrián del Arco
