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Calidad educativa versus burocracia docente

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Esteban Serrano Tamayo

 

Desde ANPE llevamos años reclamando la simplificación de las tareas burocráticas en los centros escolares por su repercusión en la calidad de la educación y en la optimización del tiempo del profesorado. Desde mi punto de vista, calidad educativa y burocracia docente son inversamente proporcionales.

Todos somos conscientes de la enorme cantidad de documentos administrativos que deben rellenar los docentes y que hemos asumido como una parte de nuestra labor educativa, tan alejada del proceso de enseñanza-aprendizaje. Si preguntamos a cualquier profesor sobre la burocratización de nuestro trabajo, rápidamente se le vendrán a la cabeza actas y más actas sobre reuniones de equipo docente, departamento, distintas comisiones, tutorías, evaluaciones, comisión de coordinación pedagógica, planes de convivencia, programaciones y unidades didácticas… y así hasta un largo etcétera que obliga al profesorado a una rendición de cuentas que imposibilita dedicar su tiempo a tareas que tendrían una incidencia directa en el alumnado.

Esta situación ya la corroboraba un estudio de ANPE-Madrid entre el profesorado de las distintas etapas educativas realizado en mayo del año 2010, donde cerca del 85 % de los docentes consideraba excesiva la burocracia en los centros de la Comunidad de Madrid y perjudicial para el ejercicio de su profesión, sin influir en una mejora de los resultados escolares y en la calidad de nuestro sistema educativo.

Con el paso de los años, esta carga de trabajo administrativo que sufren los docentes no ha disminuido, sino todo lo contrario, ha aumentado con las sucesivas leyes educativas hasta llegar a la actual Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE). Así, a la hora de programar cada área, los docentes deben sumar a los objetivos, contenidos, competencias clave y criterios de evaluación, un nuevo elemento curricular: los estándares de aprendizaje. Estos estándares determinan hasta qué punto hemos logrado o no un criterio de evaluación delimitando el grado de éxito que se ha conseguido durante el proceso de enseñanza/aprendizaje, comprobación que debe realizarse a cada alumno y a cada criterio de evaluación y que lo convierte en un proceso extenuante por la cantidad de ítems a rellenar.

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La hora de la educación, la hora del profesorado

Francisco Melcón Beltrán

 

Las mejoras que la educación y el profesorado de la Comunidad de Madrid precisan no llegan. Los responsables políticos no las sitúan entre sus prioridades ni les confieren la importancia estratégica que deben tener para mantener una sociedad cohesionada, libre e igual. Por el contrario, la contienda política se traslada desgraciadamente al ámbito educativo, donde algunos sectores ideológicos y los nacionalismos periféricos llevan ventaja, al tener conciencia clara del papel estratégico de la educación.

La contienda política se traslada

desgraciadamente al ámbito educativo

Los nacionalistas sí han entendido el verdadero valor y potencial de la educación. En 2011, la consejera de Educación Irene Rigau decía: “El ejemplo más evidente es cómo catalanizamos el sistema educativo. Si Cataluña es como es, una nación sin estado, es gracias al hecho de que siempre ha creído en la escuela”. Así han podido ir forjando camadas de independentistas fanatizados y manipulados desde la infancia ante la cesión clamorosa y vergonzante de los poderes del Estado, que durante más de treinta años han mirado para otro lado. Ni la Alta Inspección ni la Inspección Educativa han desarrollado adecuadamente su función evaluadora y de supervisión del sistema educativo, garantizando que se cumplan las leyes en las escuelas catalanas. El reiterado incumplimiento de las sentencias lingüísticas que obligan a que el castellano sea también lengua vehicular en las escuelas sirve de ejemplo.

Tras el golpe de estado catalán, se ha hecho evidente el efecto que produce una educación instrumentalizada y orientada para conseguir adhesiones a los intereses espurios. Todo ello mediante el adoctrinamiento más directo y ramplón, la manipulación de la Historia y de los libros de texto convirtiendo a España en un estado opresor y haciendo invisibles la Constitución y los símbolos nacionales.

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El Parlamento ha rechazado recientemente una moción en la que se condenaba el adoctrinamiento en las aulas de esta comunidad, ignorando una realidad que solo los ciegos o los necios no quieren ver y que, si no se ataja, apunta directamente al futuro de la nación española. Pero aquí no pasa nada. Según el ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, “No hay ninguna controversia, ningún conflicto con la Educación en Cataluña”.

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El Preacuerdo para un nuevo Acuerdo Sectorial anuncia mejoras para el profesorado

Francisco Melcón Beltrán

 

Tenemos que felicitarnos porque al cierre de este número las organizaciones sindicales de la Mesa Sectorial y la Consejería de Educación hayan llegado a un acuerdo previo sobre el contenido de los aspectos principales que contendrá el nuevo Acuerdo Sectorial para el profesorado de la enseñanza pública, que supondrá una mejora de las condiciones laborales y deberá estar firmado antes de finalizar el presente curso escolar.

Desde el comienzo de la actual legislatura venimos reclamando insistentemente la necesidad y conveniencia para las partes de alcanzar este deseado acuerdo, que hace justicia a las reivindicaciones del profesorado de los últimos años y supone un punto de inflexión a la larga etapa de continuos recortes sobre la enseñanza pública y las condiciones laborales del profesorado iniciados en 2009.

 

En los próximos cuatro años van a inyectarse

en el sistema 2800 nuevos profesores

 

ANPE-Madrid y el resto de organizaciones sindicales han realizado un intenso trabajo conjunto en defensa de los derechos e intereses del profesorado, que se plasma en este Preacuerdo. Valoramos positivamente los puntos básicos que contiene, tras un largo y complejo proceso negociador que aún no ha concluido, pues quedan por acordar la redacción final del texto del nuevo Acuerdo Sectorial del personal docente al servicio de la Comunidad de Madrid que sustituirá al de 2006 y tendrá una vigencia de cuatro años (2017-2020), y de algunos aspectos que habrá que negociar y desarrollar en próximas reuniones de la Mesa Sectorial para su concreción en las Instrucciones de principio del curso 2017-1018.

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Derechos, deberes y felicidad

RARosalía Aller Maisonnave

 

Vivir en un Estado de Derecho es un privilegio que no siempre valoramos en su justa medida. Bastan unos minutos de telediario para constatar que la mayor parte de la humanidad soporta la constante conculcación de sus derechos. Sin embargo, la Constitución Española es su consagración en esta sociedad, y la separación de poderes, una de sus garantías. Aunque debemos admitir que ni siquiera estos recaudos legales aseguran su plenitud, y su reivindicación es tarea irrenunciable incluso en las naciones consideradas más avanzadas.

Pero los derechos tienen su contracara: los deberes. El binomio muestra, desde su propia conformación, que priorizamos los primeros, aun alterando el orden alfabético, según el cual deberíamos mencionarlos en orden inverso. Así lo hace el propio texto constitucional, que trata, en su Título Primero, De los derechos y deberes fundamentales. Y es que mientras los derechos son percibidos como un elemento positivo, solemos sentir los segundos, en todos los órdenes de la vida, como una carga.

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Paradojas de la LOMCE, una ley sin consenso

Francisco Melcón, presidente de ANPE Madrid (fuente: anpe-madrid.es)

   Francisco Melcón Beltrán   presidente de ANPE-Madrid (fuente: anpe-madrid.es)

 

 

La aprobación de la LOMCE, que supone una modificación limitada de la LOE tras un largo y controvertido

proceso de aprobación, no cumplirá el objetivo para el cual se ha diseñado: no solucionará los problemas de la educación española, al nacer sin el menor consenso político ni del mundo educativo, imprescindibles para su aplicación. Una ocasión perdida para reformar en profundidad el sistema educativo español.Se queda escasa en destacados aspectos, lo que producirá el efecto contrario al deseado. En vez de una mayor vertebración del sistema educativo se da una mayor dispersión. No garantiza la libertad de elección de la lengua vehicular, pues la enseñanza en castellano en todo el territorio nacional se quedará en una mera declaración retórica al renunciar a garantizar ese derecho en la educación pública. Y lo que es más preocupante, no se priorizan el desarrollo y la mejora de la red pública como columna vertebral del sistema.

En otras cuestiones, so pretexto de mejorar la calidad, va más allá de lo razonable. Así, la mayor autonomía de los centros, sin que vaya acompañada de mayores recursos, colisiona con el escaso papel que se reconoce a los docentes, prácticamente excluidos de las decisiones técnico-profesionales y de la elección del director. Las excesivas atribuciones que se conceden a los equipos directivos; la disminución de las competencias de los claustros y consejos escolares; el excesivo peso de la Administración en la elección de los directores de los centros públicos; la cesión de suelo público para la construcción de centros privados o privados concertados; que los profesores de la enseñanza privada puedan corregir las pruebas externas… Estas son algunas de las cuestiones que suscitan el descontento de los docentes de la enseñanza pública, quienes perciben la norma con recelo y lejanía.

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Estado de malestar

Rosalía Aller Maisonnave

En días pasados, el recién coronado monarca holandés anunciaba el fin del estado de bienestar para el país de los tulipanes. Si no fuera por las duras condiciones que implica para los ciudadanos este “cambio de modelo”, casi esbozaríamos una leve sonrisa nostálgica. Camuflada entre eufemismos, en España la crisis había comenzado a enseñar sus afiladas uñas —tijeras, diríamos—hace prácticamente un lustro, en un crescendo imparable de males económico-sociales que día a día siguen golpeando a la ciudadanía.

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