Estado de malestar

Rosalía Aller Maisonnave

En días pasados, el recién coronado monarca holandés anunciaba el fin del estado de bienestar para el país de los tulipanes. Si no fuera por las duras condiciones que implica para los ciudadanos este “cambio de modelo”, casi esbozaríamos una leve sonrisa nostálgica. Camuflada entre eufemismos, en España la crisis había comenzado a enseñar sus afiladas uñas —tijeras, diríamos—hace prácticamente un lustro, en un crescendo imparable de males económico-sociales que día a día siguen golpeando a la ciudadanía.

Madrid tiene a gala ser pionera: bilingüismo, Ley de Autoridad del Profesor… y recortes. Un laboratorio para la puesta en práctica de un ideario que parece incluir, entre sus premisas fundamentales, el debilitamiento del funcionariado en beneficio de la libre designación, sin transparencia, de quienes han de llevar a cabo los servicios públicos. Para muestra, el artículo 122.bis.4 de la LOMCE, respecto a la discrecionalidad de los directores para “adaptar los recursos humanos”, enmarcada en “la realización de las acciones de calidad”, y los nombramientos de profesorado nativo en IES, de todos conocidos.

No es poca cosa lo que nos jugamos los ciudadanos —todos, no solo los funcionarios— si permitimos la vulneración, por estas vías, de las garantías del procedimiento legal para acceder a la función pública, uno de los mecanismos esenciales para la salud del sistema democrático.

El curso ha comenzado como era de prever: caóticamente. Baste ver las fechas de las normas que regulan las interinidades. El Decreto marco es del 9 de mayo, pero fue necesario esperar a los días 2 y 3 de septiembre para que la Consejería publicara la Orden 2749/2013, que regula la formación de listas extraordinarias de interinidad de Maestros, y la Resolución por la que se forman dichas listas. Es decir, ya iniciado el curso. ¿Imprevisión o ahorro? ¿Incapacidad de gestión o estrategia? Cualquiera de las respuestas deja muy mal colocada a una Administración que administra tarde y mal.

Esto sin entrar a fondo en el cambio radical de criterios, impuesto sin negociación, para la selección de aspirantes a interinidades y sus consecuencias. No rechazamos la posibilidad de una modificación razonable en la valoración de nota de oposición, experiencia y formación, pero dejar fuera del sistema, abruptamente, a numerosos docentes que durante años han prestado valiosos servicios a la Administración, acompañando la medida con reiterados mensajes de menosprecio a su tarea y capacitación, es abocar a muchos de ellos a un callejón sin salida. Máxime en un momento donde las oportunidades de reconversión laboral son casi inexistentes. Ingrato pago para tanto esfuerzo vocacional.

Las sucesivas y diversas incidencias –que hemos denunciado insistente y fundadamente– se añaden a una continua lluvia sobre el funcionariado –condenado a reiteradas congelaciones– y el profesorado madrileño, calado hasta los huesos por hechos –“ajustes”– y palabras denigratorias, mientras el barómetro del CIS sigue evidenciando la baja estima en que tienen los ciudadanos a sus dirigentes y cuánto nos duele la carcoma de la corrupción.

Ida para no volver, al menos de momento, la bonanza del estado de bienestar –durante el cual tampoco alcanzó el profesorado una situación acorde con su formación y responsabilidades–, esta travesía del desierto está resultando excesivamente larga y desesperanzadora. Ahora se anuncian signos de recuperación económica, carentes aún de correlato en la realidad cotidiana, al tiempo que se siguen adelgazando los servicios educativos. Una paradoja nefasta para los gobernantes que aspiran a repetir ejercicio, a medida que se acerca el momento de los pronunciamientos electorales. Y es que, entre tanto recorte, solo algo se incrementa: nuestro “estado de malestar”.

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