La libertad de elección en tiempos de matriculación

 

Francisco Melcón, presidente de ANPE-Madrid

      Francisco Melcón Beltrán     presidente de ANPE-Madrid

 

La libertad de elección del centro educativo está reconocida en la Constitución, que establece el derecho a la educación de todos los españoles, garantizado por los poderes públicos, por un lado –mediante una programación general de la enseñanza–, con participación efectiva de todos los sectores afectados y, por otro, mediante la creación de centros docentes (artículo 27.5), así como la libertad de enseñanza (artículo 27.1).

La libertad de enseñanza debe entenderse, en sentido amplio, como un concepto que abarca todo el conjunto de libertades y derechos en el terreno de la educación, y que se materializa básicamente en la libertad de creación de centros con ideario propio (artículo 27.6) y en la libertad de los padres de elegir para sus hijos centros docentes públicos o privados.

La educación es un servicio público prioritario, ya que constituye un derecho fundamental de los ciudadanos y son las administraciones públicas quienes lo garantizan con una planificación adecuada, prestándolo directamente a través de la red de centros de titularidad pública o financiando la enseñanza privada, de tal forma que las enseñanzas obligatorias sean gratuitas para los ciudadanos.

Sin embargo, en 2013, y en base a una supuesta mayor demanda de la sociedad madrileña, la Consejería de Educación promulgó un decreto cuya finalidad, según su preámbulo, es hacer “mayor y más efectiva” la libertad de elección de centro escolar, eliminando las zonas de escolarización y dejando configurada una zona única educativa, pudiendo ejercerse el derecho a la elección de centro sostenido con fondos públicos en toda la comunidad. Esta norma determina que corresponde a la Consejería de Educación garantizar la efectividad del derecho a la libre elección de centro educativo, mediante una programación anual que asegure la existencia de una oferta suficiente y plural de plazas escolares en centros sostenidos con fondos públicos. Situación que no se está dando.

Cartel de la campaña de matriculación de ANPE-Madrid. (fuente.www.anpe-madrid.com)

           Cartel de la campaña de              matriculación de ANPE-Madrid             www.anpe-madrid.com

Buena parte de las medidas educativas adoptadas en Madrid en los últimos años han sido en detrimento y perjuicio de la enseñanza pública, precarizando las condiciones sociolaborales de los docentes, disminuyendo las plantillas de los centros escolares públicos, incrementando las ratios, no cubriendo las bajas por enfermedad hasta el décimo día, suprimiendo plazas escolares públicas de la oferta educativa y extendiendo sobre ella y su profesorado la sombra de la duda. Unas medidas que, lejos de prestigiar la educación pública, la devalúan.

Cuando los actuales administradores de la educación madrileña cuestionan la necesidad de incrementar la red de centros de titularidad pública, es necesario transmitir a la sociedad que la enseñanza pública es la única que garantiza realmente la igualdad de oportunidades y la neutralidad a todos los alumnos, al facilitar una educación de calidad, libre de adoctrinamientos, y es un pilar esencial de nuestra sociedad, porque llega a todos los rincones del país –allí donde no lo hace la privada concertada, por no ser rentable–, porque tiene oferta educativa en todas las enseñanzas y atiende a un alumnado heterogéneo y con mayores dificultades.

Deja un comentario