Unos grandes profesionales

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Fernando Martín Ferreras

 

A  raíz de los sucesos acaecidos en un centro de Educación Especial en Getafe donde, a la espera de las decisiones judiciales, la Administración ha dictaminado que no se han producido hechos constitutivos de sanción, una parte de la sociedad y determinados medios de comunicación han determinado que los profesionales que han sido investigados son culpables. La presunción de inocencia, que es garantía en un Estado de derecho, es arrebatada y automáticamente son reos de terribles crímenes contra sus alumnos y se piden para ellos las mayores condenas posibles.

El linchamiento mediático ha sido constante. La búsqueda de testimonios que avalasen esas supuestas malas praxis ha sido incesante, pero sin embargo los padres que defendían la labor intachable que día a día se lleva a cabo en el centro han sido silenciados de manera vergonzante.

No interesa contar que quienes a diario sufren agresiones son los docentes y demás personal del centro. Que es raro el día en que no vuelven a sus casas con un arañazo, un moratón o un mordisco.La situación a la que están siendo sometidos los claustros de estos centros es sumamente injusta. Que su labor, ejercida más allá de lo exigible, sea denigrada por quienes desconocen la realidad es algo que no alcanzan a entender.

Ellos no se quejan. Conocen y quieren a sus alumnos, saben que sus crisis y comportamientos disruptivos son parte de sus características, que es parte de su trabajo canalizar y tratar de minimizar sus efectos y que ello conlleva, en muchos casos, recibir una patada, un puñetazo o un empujón.

Si la labor de enseñar ya es por sí difícil, en este tipo de centros se convierte en una tarea a la que no todo el mundo es capaz de enfrentarse. Los que allí la ejercen lo hacen cargados de compromiso, actitud y profesionalidad. Sin esta mochila resulta imposible aguantar emocionalmente todo lo que este tipo de enseñanza conlleva.

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Pese a contar con innumerables recursos y que para cada alumno existen adaptaciones individuales, el proceso es arduo. Los pequeños avances son celebrados con emoción por parte de padres y profesores, puesto que solo ellos saben el trabajo que hay detrás de cada paso de estos alumnos tan especiales.

Las decisiones que cada día deben tomar estos profesionales ante episodios de violencia no pueden ser comprendidas por quienes no saben, o no quieren saber, qué tipo de alumnado permanece en esos centros. De una forma descontextualizada se invita a creer, desde el más absoluto desconocimiento, que no se está tratando a los alumnos de forma adecuada.

Se echa en falta una respuesta contundente por parte de la Administración ante estas maniobras que tienen como objetivo acabar con un modelo de enseñanza que ha demostrado una gran eficiencia con una tipología de alumnos que, no olvidemos, han sido derivados a la escolarización en este tipo de centros por unos profesionales independientes y cuyo único interés es buscar la mejor respuesta posible, decidiendo que estos centros son los más adecuados. Una mayor difusión de la labor y los resultados obtenidos es algo absolutamente necesario. La Administración, poseedora de los medios para llevar esto a cabo de forma satisfactoria, debe contrarrestar inmediatamente el ataque que a estos centros públicos se ha realizado.

La presunción de inocencia,
que es garantía en un Estado de derecho,
es arrebatada

A  raíz de los sucesos acaecidos en un centro de Educación Especial en Getafe donde, a la espera de las decisiones judiciales, la Administración ha dictaminado que no se han producido hechos constitutivos de sanción, una parte de la sociedad y determinados medios de comunicación han determinado que los profesionales que han sido investigados son culpables. La presunción de inocencia, que es garantía en un Estado de derecho, es arrebatada y automáticamente son reos de terribles crímenes contra sus alumnos y se piden para ellos las mayores condenas posibles.

El linchamiento mediático ha sido constante. La búsqueda de testimonios que avalasen esas supuestas malas praxis ha sido incesante, pero sin embargo los padres que defendían la labor intachable que día a día se lleva a cabo en el centro han sido silenciados de manera vergonzante.

La situación a la que están siendo sometidos los claustros de estos centros es sumamente injusta. Que su labor, ejercida más allá de lo exigible, sea denigrada por quienes desconocen la realidad es algo que no alcanzan a entender.

No interesa contar que quienes a diario sufren agresiones son los docentes y demás personal del centro. Que es raro el día en que no vuelven a sus casas con un arañazo, un moratón o un mordisco.

Ellos no se quejan. Conocen y quieren a sus alumnos, saben que sus crisis y comportamientos disruptivos son parte de sus características, que es parte de su trabajo canalizar y tratar de minimizar sus efectos y que ello conlleva, en muchos casos, recibir una patada, un puñetazo o un empujón.

Si la labor de enseñar ya es por sí difícil, en este tipo de centros se convierte en una tarea a la que no todo el mundo es capaz de enfrentarse. Los que allí la ejercen lo hacen cargados de compromiso, actitud y profesionalidad. Sin esta mochila resulta imposible aguantar emocionalmente todo lo que este tipo de enseñanza conlleva.

Pese a contar con innumerables recursos y que para cada alumno existen adaptaciones individuales, el proceso es arduo. Los pequeños avances son celebrados con emoción por parte de padres y profesores, puesto que solo ellos saben el trabajo que hay detrás de cada paso de estos alumnos tan especiales.

Los pequeños avances son celebrados con emoción
por parte de padres y profesores

Las decisiones que cada día deben tomar estos profesionales ante episodios de violencia no pueden ser comprendidas por quienes no saben, o no quieren saber, qué tipo de alumnado permanece en esos centros. De una forma descontextualizada se invita a creer, desde el más absoluto desconocimiento, que no se está tratando a los alumnos de forma adecuada.

Se echa en falta una respuesta contundente por parte de la Administración ante estas maniobras que tienen como objetivo acabar con un modelo de enseñanza que ha demostrado una gran eficiencia con una tipología de alumnos que, no olvidemos, han sido derivados a la escolarización en este tipo de centros por unos profesionales independientes y cuyo único interés es buscar la mejor respuesta posible, decidiendo que estos centros son los más adecuados. Una mayor difusión de la labor y los resultados obtenidos es algo absolutamente necesario. La Administración, poseedora de los medios para llevar esto a cabo de forma satisfactoria, debe contrarrestar inmediatamente el ataque que a estos centros públicos se ha realizado.

Mientras eso ocurre el profesorado sabe que tiene el apoyo, el cariño y la admiración de los padres de sus alumnos y de todos sus compañeros de profesión que ven en su abnegación, entrega y buen hacer todo un ejemplo a seguir. También resulta imprescindible un reconocimiento administrativo a los docentes que prestan sus servicios en estos centros. La voluntariedad para acceder a ellos –como antes indiqué, hay que estar hecho de una pasta muy especial para poder enfrentarse a estos retos–, complementos retributivos y puntuaciones adicionales son aspectos que la Administración, conocedora de todo lo expuesto, debe plantearse a la mayor brevedad posible.

También resulta imprescindible un reconocimiento administrativo a los docentes que prestan sus servicios en estos centros. La voluntariedad para acceder a ellos –como antes indiqué, hay que estar hecho de una pasta muy especial para poder enfrentarse a estos retos–, complementos retributivos y puntuaciones adicionales son aspectos que la Administración, conocedora de todo lo expuesto, debe plantearse a la mayor brevedad posible.

Mientras eso ocurre el profesorado sabe que tiene el apoyo, el cariño y la admiración de los padres de sus alumnos y de todos sus compañeros de profesión que ven en su abnegación, entrega y buen hacer todo un ejemplo a seguir.

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